Fuentes judiciales porteñas confirmaron que el pedido fue remitido por un juez federal de Posadas, quien solicitó a su par capitalino que se declare incompetente y le envíe la investigación contra la ex diputada que abandonó su puesto en el Congreso a raíz de este escándalo.
La Godoy debía haber prestado declaración ante Urso el 25 de junio pasado, pero no se presentó y envió un certificado médico a través de su defensor, asegurando que tenía “problemas de salud”.
Según el defensor, la ex legisladora sufría “ataques de pánico” por lo cual no podía presentarse en Buenos Aires para declarar. Esto llevó a que el juez Urso librara un exhorto al fuero federal de la provincia de Misiones, la tierra natal de la cuestionada Godoy, para certificar su estado de salud.
A pesar de la sencillez del trámite, el oficio no sólo no fue diligenciado en Misiones sino que fue respondido por otro, donde se le pedía a Urso que le envíe el expediente alegando que era esa la jurisdicción que debía entender en la causa, ya que los fondos investigados se habían derivado a entidades misioneras.
Godoy está imputada por el presunto delito de "administración fraudulenta", a lo que se sumó el haber amenazado a periodistas del programa del programa de televisión “Punto Doc”, quienes ventilaron el affaire de los ATN.
Aunque todavía no la pudo indagar, Urso dictó una “medida cautelar” ordenando la “inhibición general sobre los bienes” de la ex diputada, hasta cubrir la suma de 900 mil pesos, equivalente al desvío de fondos públicos investigado.
Ante la publicidad de la maniobra, Godoy renunció a su banca, pero no logró evitar que los diputados la expulsaran del cuerpo. Tras ese revés, resultó filmada en una cámara oculta donde amenazaba a los periodistas con “cagarlos a balazos con una Itaka”.