No se descarta que en esa reunión los ministros pudieran llegar a tratar, entre otros temas, un amparo que hace unos días presentó ante el alto tribunal la gobernación de Río Negro, en donde solicitó que se declare la inconstitucionalidad del decreto 1316/02 por el cual el Poder Ejecutivo Nacional intentó poner un coto a la salida de fondos bancarios mediante fallos de la justicia.
La especie fue confirmada de distintas fuentes que transitan los despoblados pasillos de tribunales, quienes no formularon mayores precisiones amén de señalar que para mañana está prevista la presencia de otros ministros que se reunirán con quienes se encuentran de turno durante el receso, el vicepresidente de la Corte, Eduardo Moliné O’ Connor y Enrique Petracchi.
En caso de analizarse el planteo de Río Negro éste último se excusará como en otras oportunidades ya que es uno de los dos ministros afectado personalmente por el corralito.
Al realizar la presentación por medio de su gobernador, Pablo Verani, la provincia solicitó que se habilitara el recesó invernal con el fin de que el tema se tratara con la mayor celeridad, aunque por el cuarto piso de Talcahuano 550 existe un gran hermetismo sobre este tema.
En la presentación, la provincia entendió que la norma del PEN, “en forma actual e irrazonable lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos reconocidos” a Río Negro y a sus habitantes por medio de la Constitución Nacional.
Además, manifestaron que la sola existencia del cuestionado decreto “lesiona la supremacía de la Constitución Nacional, al estar en absoluto desacuerdo y conflicto con los principios que establece la Ley Superior”.
También, opinaron que es “arbitrario, irrazonable y, por ende inconstitucional” que por la excepcional vía del decreto de necesidad y urgencia se suspenda la ejecución de las medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en los procesos judiciales a los que se refiere la “cuestionable” Ley número 25.587 en su artículo 1, sometiéndolas a un nuevo procedimiento y/o mecanismo de cobro.
Al respecto, remarcaron que mediante el dictado de una normativa como la que se cuestiona “se violan principios tales como los de legalidad, razonabilidad, igualdad y acceso a la justicia”.
A lo largo del escrito, que llegó al Máximo Tribunal el último viernes, el estado provincial apuntó que la normativa con la cual el gobierno le intenta poner fin al goteo del corralito afecta tanto “los intereses de Río Negro como el de sus habitantes”.
En tanto, en uno de los párrafos del copioso escrito hicieron una reflexión sobre la “inmensa” cantidad de normas de emergencia dictadas en los últimos tiempos en orden monetario, financiero, bancario y cambiario a partir del decreto 1570/01 que impuso el corralito.
Al respecto apuntaron que “todo tiene un límite”, y que cuando se ve que como en el caso del decreto 1316/02 se avanza sobre competencias de los poderes Legislativo y Judicial y de las competencias provinciales “es momento de poner coto” a esa situación
“En el presente caso, se observa que a través del decreto se violenta este principio (división de poderes) , ya que el Poder Ejecutivo Nacional pretende suplantar la función de los jueces, arrogándose el conocimiento de las causas judiciales, aún las que han tenido trámite en territorio provincial”, se concluye en la presentación.