El ex comandante del Ejército general Efraín Vásquez, el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta, y el general de la fuerza aérea Pedro Pereira son acusados por la Fiscalía General de la República de haberse rebelado el 11 de abril contra el presidente Hugo Chávez, que fue sacado del gobierno temporalmente por una sublevación cívico-militar.
"Esto es un golpe político para el gobierno", dijo la ex presidenta del máximo tribunal, Cecilia Sosa, al señalar que el presidente Chávez perdió el control del Tribunal Supremo al no lograr que la mayoría de los jueces apoyara el enjuiciamiento.
Sosa cuestionó duramente la decisión de los magistrados que se abstuvieron de votar la ponencia, y sostuvo que demostraron "miedo" al no emitir una decisión definitiva sobre el caso.
En ese sentido, algunos analistas y dirigentes opositores expresaron que el Tribunal Supremo tiene en sus manos una "bomba de tiempo" que de estallar podría llevar al país a una situación similar a la pasada.
En tanto, el vicepresidente José Vicente Rangel rechazó que la postura asumida por los magistrados pueda considerarse como una "derrota" o un "triunfo" para el gobierno, y precisó que es "simplemente una decisión" que ratifica la independencia de los poderes.