El alto tribunal desmintió, de esta forma, los rumores que mencionaban que con el fallo “Tobar” los ministros intentaron meter presión al gobierno de Eduardo Duhalde, con el fin de que éste instrumente los mecanismos necesarios para dejar sin efecto el proceso de juicio político que se está sustanciando en la Cámara de Diputados, cuyo dictamen fuera aprobado el último 16 de mayo.
Para desmentir las versiones, la Corte distribuyó hoy un escueto e inusual comunicado de prensa en donde se afirma que en la circulación de la causa “se cumplieron los pasos procésales habituales y ordinarios, en consonancia con la importancia que tenía el tema tratado”.
En ese sentido, recordaron que el expediente del militar Leonidas Tobar en contra del recorte del 13 por ciento llegó a “la mesa de entradas de la Corte el 26 de abril, y que el mismo luego fue girado a la Procuración General de la Nación el 3 de junio”.
Al respecto, detallaron que el expediente reingresó con dictamen el 16 de julio y que la decisión final fue tomada el último 22 de mayo, cuando sin querer o no le pegaron un duro golpe de efecto al Poder Ejecutivo, que por estos días esta intentando encontrar de que forma se puede hacer efectivo la decisión del alto tribunal de devolver los porcentajes que se le recortaron a los empleados y los jubilados del sector público.
El pasado jueves cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional la quita del 13 por ciento que sufrieron los empleados y jubilados del Estado, que percibían haberes superiores a 500 pesos impuesta por el decreto 896/01 dictado por el presidente Fernando de la Rúa, jaqueó al gobierno ante la posibilidad de tener que restituir –reclamos mediante- más de 2.000 millones de pesos.
De todos modos el gobierno parece haber asimilado ese golpe y por distintas vías –inclusive declaraciones del propio Duhalde—hizo saber que está estudiando la forma de devolver esas sumas, sin descartar el pago en bonos de los retroactivos. Para fundar su decisión, los ministros afirmaron que “la ausencia de límites temporales y cuantitativos de las quitas saláriales desarticula todo el sistema del empleo público, pues el derecho de los trabajadores estatales se encontraría en todo momento – de emergencia o sin ella- a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica, afectando los derechos constitucionales de la propiedad y los que tutelan la relación laboral”.
Además, trazaron una diferencia entre este caso y el fallo “Guida” en donde la Corte había avalado el recorte del 10 por ciento impuesto por el decreto 290/95 del ex presidente Carlos Menem cuando mencionaron que son distintas situaciones, dada la “devaluación” y el “envilecimiento de los sueldos”.
El juicio en Diputados En tanto, el tema de juicio político en contra de los nueve ministros del supremo tribunal generó una división dentro del bloque justicialista ya que mientras desde el “menemismo” claman por dejar sin efecto el proceso y los “duhaldistas” de a poco de van a acercando a esta postura , a pesar de haber sido ellos quienes motorizaron el juicio, el sector encabezado por Sergio Acevedo, presidente de la Comisión de Juicio Político, no tiene intenciones de llegar al recinto para que sean desestimadas las acusaciones en contra de los integrantes de la Corte.
¿Otro fallo envenenado?
A su vez, genera gran expectativa el acuerdo que mañana llevaran los ministros, ya que se existen fuertes rumores, aunque con la Corte nunca se sabe, de que resuelvan aprobar el reclamo de un ahorrista de edad avanzada que pidió a la Justicia que no se le pesifique un depósito de un millón de dólares.
Un fallo de tales características, según especialistas, podría desatar otra tormenta ya que se correría el riesgo de que todos los ahorristas consiguieran medidas similares, lo que dejaría a los bancos en una situación de severa crisis ante al imposibilidad de devolver los mismos.
Además, en el acuerdo se tratarían otros dos temas de importancia en el ejecutivo uno en donde el tribunal podría disponer que se mantenga en dólares un depósito judicial, que fue pesificado y reprogramado a raíz de una indemnización que pago una provincia a un menor cuya madre murió a raíz de un accidente.
El restante tema se relaciona con la presentación de Río Negro en la cual el gobernador Pablo Verani solicitó que se declara la inconstitucionalidad del decreto 1316/02 que frenó por 120 días hábiles la salida de los fondos atrapados en el corralito por la vía judicial.