17 de Julio de 2024
Edicion 7007 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/07/2024

Corte de ?manga? a un ex represor

El máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires rechazó la pretensión de un policía bonaerense que pretendía una indemnización por las secuelas que dijo le provocó su participación en la represión ilegal durante la dictadura. FALLO COMPLETO

 
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la pretensión de un policía quien además de reclamar por una presunta “enfermedad accidente” pidió el pago de una indemnización por las secuelas psíquicas que, dijo, le provocó su participación en la represión ilegal a la subversión durante la dictadura.

El máximo tribunal provincial se pronunció en torno a una demanda iniciada por el agente de la policía bonaerense Jorge Ernesto Gómez contra la repartición en la que reviste desde antes de 1975, reclamo éste que ya había sido rechazado por el Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata.

En su pronunciamiento, los jueces De Lazzari, Salas, Pettigiani, Negri y Soria rechazaron el reclamo de una indemnización por “incapacidad total y permanente” con secuelas físicas, al entender que “no se acredita la vinculación entre las dolencias y el trabajo cumplido a ordenes” de la Policía Bonaerense.

Por otra parte, rechazó los argumentos según los cuales la participación de Gómez en la represión ilegal, en la que se desempeñó como chofer de los automóviles sin identificación, en los que eran trasladados los detenidos que luego fueron desaparecidos o muertos, se convirtió en una labor “penosa, estresante y lamentable a los sentidos”.

La Corte bonaerense, sostuvo que se trataba de “métodos manifiestamente ilegales” instrumentados dentro de un sistema represivo ejecutados por “los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, sin respeto por forma legal alguna” y de los cuales “Gomez constituyó una pieza necesaria de ese diabólico sistema”.

En ese sentido, el tribunal advirtió de modo categórico que “no puede protegerse de manera alguna a través de la seguridad social a alguien cuya supuesta discapacidad psíquica provino de un actuar ilegal, clandestino, irracional, repugnante al debido respeto que merecen los derechos humanos y en franca violación a la Constitución Nacional.



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