La decisión fue adoptada por el titular del juzgado número 2 del fuero Civil, Claudio Ramos Feijóo, quien aplicó la sentencia más alta de la historia argentina para este tipo de casos, cuando dispuso que la compañía Lua Seguros La Porteña le tendrá que pagar 717 mil pesos a la familia de Lucas Roger, un menor de tres años, quien murió trás ser atropellado por un automóvil que conducía Pablo Fernández, el 21 de noviembre de 1998.
Según las palabras del abogado de la familia Roger, Gregorio Dalbón, la importancia del fallo radica en que es la primera vez en la historia que un juez aplica una sentencia tan elevada en razón del valor de “la vida humana”.
Sin embargo, el letrado, a quien se conoce públicamente por patrocinar a las víctimas de los accidentes de tránsito, estimó que la familia del chico fallecido no cobrará la suma impuesta por el magistrado, al denunciar la presunta existencia de una maniobra “fraudulenta” con el fin de “vaciar” la compañía de seguros, según aseguró.
Sobre este punto el letrado adelantó que tiene previsto iniciar una querella criminal en contra de Mario Cirigliano, quien según expresó es un “sospechado accionista” de la firma de seguros. Además, Dalbón expresó que si la Cámara Civil confirma la sentencia de Ramos Feijóo "los montos de las sentencias civiles estarían más acorde a la realidad económica del país" y subrayó que la Argentina "es uno de los lugares que cotiza más baja a la vida humana".
Los hechos que motivaron la sentencia sucedieron el 21 de noviembre de 1998, cuando Pablo Fernández atropelló al niño y a su hermana Florencia (que salvó su vida) y luego se fugó. Más tarde la justicia de San Martín lo condenó a tres años de prisión por "homicidio culposo" y luego del mismo se inició un juicio civil en contra de la compañía de seguros.
En la resolución, el magistrado consideró que “el grave accidente en el que perdiera la vida el menor y único hijo varón de los accionantes significa necesariamente una grave alteración en su vida”.
En tanto, consideró que toda esa situación se tradujo “en un duro golpe emocional” ya que opinó que producto de ese hecho en forma rápida la familia de los coactores se “ destruyo”. Para el magistrado, el fallecimiento, en las condiciones que se produjo, “alteró en forma manifiesta el orden natural al adelantar la muerte del hijo menor”.
La resolución del magistrado porteño se dictó en favor de la familia Roger -madre, padre y hermana de la víctima- y si bien dispuso una condena por daños de 467.380 pesos, sumados los intereses llegan a la cifra de 717 mil pesos.