La denuncia alcanza al ex dictador Jorge Rafael Videla, al ex jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera, a tres ex integrantes de la Junta Militar, Roberto Viola (falleció, por lo cual se extingue la acción penal), Armando Lambruschini y Omar Graffigna, al ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Suárez Mason; al ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy y a los ex generales José Montes y Edmundo Ojeda, comandante y subcomandante del Comando de Institutos Militares.
Los denunciantes son Herz León Sznaider y Gitla Paja Grosser de Sznaider, padres de Jorge Sznaider, un joven que fue secuestrado el 12 de mayo de 1979, junto a cuatro compañeros en un departamento de la calle Ecuador 318, en la Capital Federal.
El abogado denunciante explicó además que junto al comienzo de la investigación se requirió la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de tiempos de Raúl Alfonsín y también los indultos dictados por Carlos Menem por considerarlos disposiciones “contrarias a expresas garantías reconocidas por tratados internacionales suscriptos por la Argentina e incorporados por la Constitución Nacional como ley interna de nuestro país”.
Parrilli explicó además que para la nueva denuncia “resultó fundamental el hallazgo de un expediente secreto de la Policía bonaerense conocido a través de los Juicios por la Verdad en La Plata”.
Allí figura un legajo, identificado con el número 13.200, donde se da cuenta de un procedimiento realizado en la localidad bonaerense de Villa Lynch por la Policía Federal donde se detuvo a Luis Beitone, hermano de Noemí, una de las detenidas junto a Sznaider en Buenos Aires, apenas dos días después.
Según la denuncia, Luis Beitone fue puesto en libertad sólo formalmente, porque en realidad quedó detenido en Campo de Mayo, donde –según el mismo relató en los Juicios por la Verdad, fue torturado, por lo que aportó el domicilio de la calle Ecuador donde se produjeron los secuestros que se pide investigar.
Según la denuncia, en este operativo participaron efectivos del Ejército Argentino “con destino en el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo”, el lugar adonde fueron llevados los seis secuestrados, tal como aseguraron en su momento varios sobrevivientes.
Además de reclamar la anulación por inconstitucionales de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los denunciantes reclaman que la justicia pida información sobre los efectivos policiales que se desempeñaban para la época de los hechos en las comisaría de Villa Lynch, en la provincia de Buenos Aires, y la comisaría octava de la Capital Federal, ya que personal de ambas reparticiones habrían participado en los procedimientos.