Esta asociación de perjudicados por el corralito bancario fue creada en España hace cuatro meses y representa a unas mil personas, tanto argentinas como españolas, que reclaman 100 millones de dólares.
La entidad acusa a los querellados de los presuntos delitos de apropiación indebida, delito monetario sobre control de cambios, delito de expropiación forzosa ilegal y delito de receptación. La acción se extiende igualmente a los miembros del Gabinete que hubiesen intervenido en la aprobación de los decretos relacionados con el corralito.
Los querellantes consideran que "las entidades financieras, en la persona de sus responsables, son autoras, en connivencia con el Gobierno de la nación, de un fraude financiero sin precedentes".
La Audiencia Nacional española es un tribunal que se encarga de investigar y juzgar, en su caso, los delitos monetarios, de terrorismo y narcotráfico, así como los casos de extradición y la persecución de delitos en el extranjero.