Recordemos que según la Constitución provincial, el fuero contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires debía empezar a funcionar antes del 1 de octubre de 1997. Luego de los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura de la provincia, el Poder Ejecutivo local dictó en diciembre de 1999 los decretos designando a los jueces. Sin embargo, los magistrados todavía no juraron sus cargos y, por ende, el fuero aún no está implementado.
A la audiencia asistieron el destacado administrativista Agustín Gordillo, los presidentes de los Colegios de Abogados de La Plata y la Provincia de Buenos Aires, Carlos Andreucci y Juan Carlos Abud, el titular de la Caja Previsional de Abogados de la provincia, Eduardo Perez Catella, y los legisladores Juan Pedro Tunessi, Guillermo Oliver y Hebe Febles, además de numerosos especialistas en el tema. También concurrió el padre Luis Farinello, titular del denominado Polo Social.
Todos los expositores expresaron la necesidad de implementar en forma inmediata el fuero contencioso administrativo.
En dialogo con Diariojudicial.com, el juez en lo contencioso administrativo Abelardo Servin resumió las conclusiones de la audiencia: “Se insistió en la necesidad de cumplir el mandato constitucional de lograr un adecuado acceso a la justicia y de no escatimar recursos institucionales para dichos objetivos. Se hizo especial hincapié en que el derecho administrativo provincial actual es un derecho para ricos, es un derecho sin juez, que perjudica a quien tiene escasos recursos.” Recordemos que, hasta tanto no se implemente el fuero contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, esta materia es de competencia originaria de la Suprema Corte provincial, donde se acumulan dos mil causas de esa naturaleza. La consecuencia de esto es que, por ejemplo, la demanda de un empleado publico provincial cesanteado en Carmen de Patagones tiene que tramitar en la Plata.
Servin agregó que “ el incumplimiento constituye una vergüenza institucional. La instrumentación del fuero contencioso no es una cuestión discrecional, ni de mérito o conveniencia, que quede librado a la decisión de los poderes políticos.”
“También se destacó que la Suprema Corte provincial es responsable de la situación, porque omite tomar los mecanismos necesarios y que están dentro de su alcance para la implementación del fuero”, expresó el magistrado.
A la audiencia habían sido especialmente invitados el gobernador Carlos Ruckauf, el ministro de Justicia de la provincia, Jorge Casanovas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Elías Laborde y el resto de los ministros del Alto Tribunal, Ernesto Víctor Ghione, Guillermo David San Martín, Juan Manuel Salas, Juan Carlos Hitters, Alberto Pisano, Eduardo Julio Pettigiani, Héctor Negri y Eduardo De Lazzari; pero ninguno de ellos concurrió a la cita.
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