En ese sentido, desde el cuerpo de justicia se precisó que igualmente y a pesar de las charlas sobre el expediente de la ahorrista Andrea Distefano, en donde el PEN presentó el recurso, los ministros aún no adoptaron ninguna decisión sobre el fondo de esa cuestión.
Por medio de esa presentación, que fue interpuesta en la justicia por el Ministerio de Economía y la Procuración General del Tesoro, desde el Estado Nacional se intenta mostrar un gesto hacia el Fondo Monetario Internacional con el único fin de que de una vez por todas le liberen desde el organismo de crédito los fondos necesarios para evitar que el país caiga en default.
Recordemos que entre las exigencias del banco se reclama que se frene el drenaje de fondos de los bancos a través de los amparos judiciales, que en esta capital superaron las 140 mil presentaciones y que significaron para los bancos la salida de más de 5000 millones de pesos en el cumplimiento de esas órdenes.
Este nuevo expediente que llegó a la Corte Suprema de Justicia se suma a varios otros referidos a la batería de decretos y normas que impuso el Gobierno a partir de la sanción del decreto 1570/01 en donde los jueces aún no se expresaron y que semana a semana generan nuevas y distintas versiones en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
Entre esos casos se encuentra pendiente la decisión la causa Acerbo, como se conoce a de un ahorrista de Chubut que reclama porque no se le pesifique un depósito cercano al millón de dólares, estas causa genera variadas especulaciones, ya que un fallo a favor del ahorrista podría interpretarse como un pronunciamiento en contra de la pesificación en general, lo que pondría al Ejecutivo Nacional en una posición más que delicada de cara al desembarco de créditos de los organismos de créditos.
Pero no hay que olvidarse que la Corte podría evitar pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pesificación en el caso Acerbo, porque se trata de resolver a favor o en contra de una medida cautelar.
Además, la Corte, aún en el caso de pronunciarse por la constitucionalidad o no, podría elaborar el fallo de manera tal que pueda pensarse que en otros casos podría llegar a fallar distinto, ciñéndose a “las particularidades del caso en estudio.
Otro dato a tener en cuenta se relaciona a los dichos de Julio Nazareno y Eduardo Moliné O´Connor, quienes, hace unos días, públicamente afirmaron que cuando se expidan sobre el fondo de la cuestión del denominado corralito financiero van a hacer respetar “a ultranza” el derecho a la propiedad privada, tal como ocurrió en el famoso caso Smith, en donde se declaró la inconstitucionalidad de las normas restrictivas del Poder Ejecutivo Nacional sobre los depósitos bancarios. Dato no menor para las intenciones que tiene el gobierno de ponerle un coto a la sangría progresiva de depósitos que tanto irrita a los directivos del FMI y a los banqueros.