Según fuentes de los tribunales de Comodoro Py, el magistrado tomó la medida porque ya había emitido su opinión respecto de esas actuaciones al comienzo del proceso.
Recordemos que por esa investigación el último 18 de octubre el fiscal Luis Comparatore había pedido que de debía citar al ex ministro de Defensa a prestar declaración indagatoria al igual que a Jorge Pereyra de Olazabal, Luis Gonzalez Estevez, Ana de Kessler, Juan Casas, Alejandro Canese, Juan Antonio Ferreyra Pinho y Juan Guma.
Las actuaciones comenzaron a raíz de una denuncia que presentó Enrique Oscar Montiel quien reveló que "durante el proceso de venta de fábricas pertenecientes a la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares se habrían producido diversas irregularidades de las cuales podrá resultar la comisión de un delito de acción pública".
En la presentación, Montiel comentó que "los pliegos de licitación de las empresas no habrían sido enviados previamente a la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de la Nación ni a la Sindicatura General de Empresas Públicas de acuerdo con las exigencias de la normativa aplicable".
Al respecto, se detalló que "tampoco se habría cumplido con la fijación del precio base en la fecha correspondiente puesto que este acto fue celebrado veinticuatro horas antes de la apertura de la licitación y no con cinco das de anticipación como exigía la ley".
Para el fiscal "no se advierte cuales fueron los fundamentos tenidos en cuenta para aconsejar y hacer lugar a la adjudicación" y que se presenta "de manera oscura" la forma en que se produjo la "valuación de las fábricas y la fijación del precio base".
Además, sostuvo que "los principales funcionarios encargados de llevar adelante la venta de las fábricas militares no han guardado aparentemente la debida vigilancia en la celebración de gran parte de los actos que conformaban el proceso de privatización, lo cual, interpretado en conjunto, ensombrece en alguna medida la legitimidad de las licitaciones".
La intención del fiscal es que se indague a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación que aconsejaron la operación, "al propio Ministro de Defensa de ese entonces"; y a los responsables de las empresas que adquirieron las fábricas militares.