El escrito fue presentado por los diputados de Frente Para el Cambio Alicia Castro y Alfredo Villalba quienes solicitaron que se disponga que el PEN y el Congreso de la Nación “se abstengan de disponer y/o autorizar cualquier modificación de los contratos celebrados con las empresas prestadoras de servicios públicos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo” y especialmente remarcaron que no disponga un “aumento tarifario”.
Para los peticionantes en este caso el peligro en la demora se basa en que resulta de lo graves perjuicios que un eventual aumento tarifario “producirá en el poder adquisitivo del salario”, ya que expresaron que los precios han aumentado como consecuencia de la devaluación y por el contrario no se han producido recomposiciones saláriales.
Este pedido está dentro de una acción de amparo en donde los diputados manifestaron que se presentaban ante la justicia en resguardo de los derechos de rango constitucional, que se encuentran “amenazados” ante la inminencia del dictado de “actos de carácter arbitrario y contrarios a derecho”
En ese sentido, en la presentación se deja constancia de que “las tarifas de servicios públicos fueron indexadas según los índices de precios de otros países, pese a la prohibición contenida en la ley de convertibilidad” al tiempo que apuntaron que estos réditos ascienden a los “9 mil millones de dólares”.
Además, los reclamantes enfatizaron que las empresas concesionarias presentaron balances realizados con anterioridad a la devaluación con el fin de indicar que tuvieron pérdidas, pero aclararon que las mismas durante la convertibilidad “obtuvieron cuantiosas ganancias”.