En una declaración hecha pública hoy, el Consejo señaló que el proyecto enviado por el gobierno a la Cámara de Diputados “ha efectuado recortes en los créditos requeridos” por ese cuerpo y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según fuentes consultadas, el recorte es cercano los 260 millones de pesos.
“Lo que es más grave aún es la disminución de los recursos asignados por la Ley de autarquía financiera que pueden provocar una situación de parálisis de la actividad judicial”.
Por esa razón reclamaron a los otros dos poderes del Estado que “en la esfera de sus respectivas competencias modifiquen el proyecto que se encuentra en trámite parlamentario, respetando el requerimiento que se ha formulado, sin afectar las partidas destinadas a cubrir necesidades sociales, educativas o culturales”.
“En el marco de la grave situación general que padece nuestro país, la administración de justicia es una de las instituciones mas afectadas. Las causas son múltiples y pueden merecer diversas interpretaciones, pero lo cierto es que la misma se ha visto agravada en los últimos años por la disminución en la asignación de recursos y el incremento del volumen de causas que sobrecargan el trabajo de sus empleados, funcionarios y magistrados”, señala el documento.
Asimismo, destaca “el enorme esfuerzo que –por largos años—ha realizado el Poder Judicial de la Nación para cumplir con la función encomendada por la Constitución Nacional de administrar justicia eficazmente, cuando se cuenta para ello con recursos exiguos y partidas presupuestarias cada vez más reducidas”.
Por esa razón el cuerpo reclamó, en el cumplimiento de sus obligaciones, que “para evitar un mayor perjuicio de la administración de justicia –algunos de cuyos fueros se encuentran colapsados-, es indispensable contar con los recursos necesarios previstos con mesura y extrema moderación en el presupuesto para el Poder Judicial proyectado para el año 2003”.