Para los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, Castañeda es responsable prima facie del delito de falsedad ideológica de documento público, por irregularidades en la confección de actas de remisión de material incautado en allanamientos por el caso AMIA, en los primeros meses tras el atentado.
La resolución de la cámara confirma la medida dictada en septiembre último por el juez Oyarbide, quien procesó a Castañeda por la desaparición de varios rollos fotográficos secuestrados en un allanamiento en la casa de dos imputados en el caso AMIA, los hermanos Mario y Tomás Lorenz. Las películas figuran en el acta correspondiente, pero el DPOC nunca las remitió al juzgado por lo que se desconoce su contenido.
En octubre del año pasado, la juez que recibió originalmente la denuncia, María Servini de Cubría, sobreseyó a Castañeda, porque entendió que no había dolo en la acción del comisario sino, a lo sumo, “impericia”. Sin embargo, el fiscal Miguel Ángel Osorio apeló la medida y la Sala II de la Cámara Federal le dio la razón.
El delito que se le imputa al ex comisario prevé penas de reclusión o prisión de uno a seis años, y alcanza también a quien fuera uno de sus segundos, Jorge Gelabert, confirmaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, aún sigue pendiente de resolución la situación de Castañeda en otra causa vinculada al caso AMIA, también por faltantes de pruebas. Una de ellas es la de la “desaparición” de los 66 casetes de escuchas al teléfono de Carlos Telleldín, inmediatamente después del atentado.
Esos casetes –que algunos creen perdidos para siempre- guardan varios secretos y, por lo que se sabe, incluyen la negociación que el enano entabló con policías federales y agentes de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) antes de entregarse, tras regresar de Misiones.
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