El episodio ocurrió en la madrugada de ayer, cuando el dueño de una estancia de la localidad de Berisso advirtió que un grupo de personas estaban a punto de carnear una oveja de su propiedad.
Junto con vecinos y trabajadores de la finca, emprendieron la persecución de los presuntos ladrones, pero sólo dieron alcance a uno de ellos, a quien la policía identificó como Fernando Fernández, de 25 años de edad.
La fiscal de turno Virginia Bravo pidió la detención de Fernández, pero el juez Melazo consideró que atento a la escala penal del delito de abigeato (uno a seis años cuando es cometido; uno a tres en grado de tentativa) permitía excarcelar al acusado.
No obstante, decidió formar la causa penal, pese a que destacó que el proceso probablemente demandaría una erogación para el Poder Judicial largamente superior al bien robado.
En su resolución, Melazo entendió que el sistema judicial, "sin violentar el principio de legalidad, debe bregar por un derecho penal mínimo que implique menos dispendio de recursos, ya que la formación de la causa podría insumir más de los que se afectan por la comisión del ilícito (lesión al bien jurídico tutelado)".
Voceros del tribunal se preguntaban si la justicia no puede encontrar “otras formas de resolución de los conflictos que evite poner en marcha el aparato jurisdiccional” ante hechos tan menores.
El caso recuerda a otro aún más extremo, ocurrido en agosto del año pasado, donde el juez Claudio Bonadío archivó una causa contra un joven que intentó pagar un boleto de ferrocarril con cincuenta centavos “truchos”.
Este insólito proceso judicial involucraba a Ricardo Núñez, quien en la noche del 23 de noviembre del 2001 intentó pagar su pasaje con cincuenta centavos falsos en una boletería de la estación Plaza Constitución.
En lugar de pedirle que cambiara la moneda y caso cerrado, el empleado del ferrocarril, Mauricio Fabián Goya, le recriminó de mala manera que le había dado una moneda “trucha”. Esto originó una discusión que terminó con la intervención de la Policía Federal.
En vez de limitarse a calmar los ánimos, los uniformados –en presencia de dos testigos- le leyeron los derechos a Núñez, lo detuvieron y secuestraron el “cuerpo del delito”, la dichosa moneda.