En virtud de que su condición de denunciante le impide impulsar medidas, el letrado presentó un escrito ante el juez federal Jorge Luis Ballestero, a cargo de la causa, solicitándole que de oficio dicte una media de no innovar, "a fin de que el Estado Nacional suspenda el pago efectivo de las comisiones" ya que "una vez concretada la acreditación de dicha comisión a favor de los bancos intermediarios, el pago quedará consumado y nada podrá hacer el Estado Nacional para recuperar ese dinero".
El magistrado informó que iba a continuar investigando a fin de determinar la legalidad o no de la operación del Megacanje, en tanto que había remitido a la justicia en lo contencioso administrativo la investigación sobre la legitimidad de las comisiones a los intermediarios, por lo que resultó imposible, en esta instancia, acceder al pedido del denunciante.
El abogado fundo su petición al sostener que "el daño que se trata de evitar es verosímil" ya que el ministro de Economía, Domingo Cavallo "ha reconocido públicamente que se abonarán 141 millones de dólares de comisión" y si se produce dicho pago "el daño a la Nación será irreversible". El político justicialista amenazó con iniciar la semana próxima "una batería nueva de ataque" contra los funcionarios que intervienen en la operación ya que piensa "doblar la apuesta".
Por otra parte, el juez federal Gabriel Cavallo remitió a Ballestero las actuaciones iniciadas a partir de una denuncia que en sentido similar formularon los abogados José Luis Fabris y Adrián Adreatta, contra los alcances del decreto 648/2001.
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