En la acusación de 47 páginas y más de cien considerandos, la CIDH concluye que no sólo se afectaron los derechos humanos fundamentales del joven sino que también “El Estado violó los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la víctima y de los familiares”.
Por eso, la CIDH indica además que “el Estado (argentino) también ha infringido el deber de respetar los derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Así de contundente es la acusación, que será defendida ante la Corte por un puñado de testigos, que buscarán refrendar lo que ya se considera acreditado entre los representantes de la familia Bulacio: que el joven murió por las torturas que recibió en la comisaría 38°.
Investigación completa
Además, en la acusación de la CIDH se pide a la Corte que “ordene al Estado que realice una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias en que ocurrieron la detención, lesiones y muerte de Walter David Bulacio y sancione a los responsables de acuerdo con la legislación argentina”.
Esto, hasta ahora, no ocurrió. Por la causa pasaron casi cuarenta jueces, pero prescribió el año pasado, sin un solo detenido. También, la CIDH pide que el Estado argentino “indemnice plenamente a los familiares del joven Walter David Bulacio por los hechos cometidos por sus agentes”.
La responsabilidad del Estado es uno de los ejes de la acusación de la Comisión. En uno de sus considerandos, indica que tras analizar el caso Bulacio surge que “es obvio que la Policía puede programar detenciones colectivas de personas cuando cuenta con elementos para acreditar que la actuación de cada una encuadra en una causa legal de detención; sin embargo, la denominada razzia, entendida como la detención masiva y programada de personas sin causa legal, o con base en la aplicación arbitraria de la ley, constituye una práctica policial manifiestamente contraria a la Convención”.
Por eso, los acusadores esperan que este caso se transforme en una suerte de presión internacional para acabar con los abusos policiales, una práctica que, no hizo más que crecer en la década larga que separa la muerte de Bulacio del inédito debate internacional que comienza.