El amparo fue presentado por la legisladora puntana Liliana Negre de Alonso, quien manifestó que “los temas relativos a la deuda externa son competencia exclusiva del Congreso de la Nación”.
Para justificar su pedido, Negre, se basó en el artículo 75 de la Constitución Nacional que según comentó, reza “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”; así también “la de decidir la financiación, refinanciación y el rescate de la deuda” como lo expresa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Brunicardi c/Estado Nacional (BCRA) s/cobro” del año 1996”.
Para la legisladora, el proceso de la licitación (Licitación Pública Nacional e Internacional N° 101/02 del Ministerio de Economía de la Nación) para contratar una asesoría para la reestructuración de la deuda externa nacional con los acreedores por millones de dólares, concretamente 2.280.000, en el mínimo de los casos, es “la cabal demostración de la corrupción estructural en la que estamos inmersos y del desprecio por la terrible situación económica y social de la Patria”.
Además, explicó que la acción de amparo, tiene en este caso el fin de impedir “la violación de la Constitución Nacional, graves consecuencias al patrimonio de todos los argentinos y lesiones al ordenamiento jurídico interno e internacional”.