El proyecto, elaborado por una comisión integrada por cuatro catedráticos de Derecho Penal de las Universidades Nacionales de Córdoba y Buenos Aires, fue entregado hoy al presidente Fernando de la Rúa por el ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, en la casa de gobierno.
El proyecto será enviado al Parlamento en los próximos días y también será materia de análisis de los gobiernos provinciales, así como también por el Consejo de Seguridad.
En ese ámbito, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, había depositado sus expectativas en implementar una política de seguridad que se elabore en consonancia con los lineamientos del gobierno nacional.
Gil Lavedra explicó que ese trabajo le había sido encomendado por De la Rúa días después de las elecciones del 24 de Octubre con el objetivo de "superar esa sensación de impunidad que hay en la sociedad donde se piensa que las penas se aplican de modo muy benigno; de que hay cierta permisividad de parte de los elementos jurídicos". También explicó que las reformas al Código no solamente consisten en “aumentar las penas en los casos de delitos de funcionarios" que hayan cometido actos de corrupción, "sino que a través de determinadas enmiendas parciales se pueda tener una aplicación mas robusta, mas vigorosa y mas estricta de la Ley".
Entre otras reformas se proponen algunas condiciones para las condenas de ejecución condicional, en lo que hace a la punibilidad de la tentativa, en lo que hace al régimen de la prescripción, y todas ellas en su conjunto van a traer aparejada una aplicación mas fuerte de la Ley, sostuvo el funcionario.
En declaraciones efectuadas hoy en la casa de gobierno, Gil Lavedra dejó sentado que la aplicación de las penas dependerá de la discrecionalidad de los jueces, pero reiteró la posición del gobierno de establecer una banda media a partir de la cual se medirán los castigos a imponer.