Las denuncias fueron distribuidas en diferentes juzgados por el fiscal federal Guillermo Marijuán, a cargo de la UFISES, que depende directamente de Nicolás Becerra.
El común denominador de las denuncias efectuadas por beneficiarios a una línea de 0800 apunta a las presuntas extorsiones por parte de dirigentes piqueteros , punteros y personajes políticos a quienes acusan de extorsionarlos a los fines de mantenerles el plan de ayuda económica.
Según trascendió, los involucrados en las maniobras obligarían a los beneficiarios "bajo serias y graves amenazas a entregar dinero o participar de distintos actos de manifestación bajo amenaza de darle de baja el subsidio”.
Las exigencias de quienes administran el beneficio también incluirían "servicios sexuales, trabajos domésticos, donación de sangre en hospitales y trabajos en industrias particulares de los distribuidores del beneficio".
Las presentaciones efectuadas hoy, según explicó el fiscal, “forman parte de una primera etapa de análisis de más de 1200 llamados recibidos en la línea de denuncia 0800-222-2220 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”
Una gran porcentaje de las denuncias quedaron radicadas en los juzgados federales de las localidades de San Martín, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza y Morón, los cuales tienen jurisdicción en todo el conurbano bonarense, donde se originaron la mayoría de los casos denunciados.
Los delitos que el fiscal pidió investigar son: "defraudación a la administración pública" y no se descarta que algunos casos, "dada su gravedad", puedan llegar a configurar el delito de "reducción a la servidumbre".