En ese sentido, los jueces anunciaron que de prosperar la propuesta del secretario general del partido justicialista local, Antonio Guerrero, se generaría “una lluvia de juicios indemnizatorios por parte de los afectados”.
Se hizo especial hincapié en que el único mecanismo constitucional legítimo para remover a los jueces es el “juicio político”.
Los magistrados realizaron el anuncio mediante una nota que llevó las firmas de Pedro Roldán Vázquez, Esteban Jerez, Alicia Noli, Miguel Iácono, Manuel López Rougés, Gladys Ríos, María Poliche de Sobrecasas, Carlos Norry, María Elisa Molina y Emilio Herrera Molina.
Además, reclamaron que “se debe poner coto a las propuestas que violentan la Constitución provincial” y agregaron que “el sólo hecho de poseer poder político no autoriza a apartarse del programa de la Carta Magna, que rige para todos sin excepción”.
Asimismo, los magistrados señalaron que los dirigentes o los funcionarios que estén dispuestos a remover sin un juicio político a los jueces, deberían responder “personalmente”, e incluso con “el patrimonio”, por el perjuicio que tal actitud genera “al sistema republicano y democrático de convivencia”.
En la declaración afirmaron que “hasta la fecha no se ha responsabilizado o condenado patrimonialmente a aquellos funcionarios cuyas decisiones afectaron seriamente las arcas del Estado, con decisiones irresponsables e ilegítimas”.
Igualmente, agregaron que esto “no implica que el derecho no pueda ser ejercitado y concretado contra ellos, incluso ante tribunales internacionales si fuera necesario, conforme la abundante jurisprudencia que hay en tal sentido”.