El Ejecutivo que encabeza Aníbal Ibarra había promovido una acción declarativa de certeza (artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial) contra el Estado Nacional para que la justicia declarara la incompetencia del PEN en la jurisdicción de la Ciudad para regular, explotar, recaudar y controlar “los juegos de azar, de apuestas mutuas y de destreza”, al considerar que ello “significa una violación a la autonomía” porteña.
En su momento en el gobierno había preocupación por que el conflicto generado entre la ciudad y la Nación y la proliferación de medidas cautelares presentadas no generara la idea de pocas garantías jurídicas para quienes estén dispuestos a realizar inversiones en el país. Sin embargo, este ya es el segundo caso en que la justicia, a través de distintos magistrados, se expide en contra sendos intentos por tratar de controvertir los alcances del decreto firmado por De la Rúa.
Aunque en esta oporunidad no hubo resolución sobre el fondo del asunto -el trámite del juicio durará un tiempo prolongado-, el juez Guillermo Rossi denegó la medida al considerar que “las acciones meramente declarativas no admiten en principio medidas cautelares, pues la sentencia que pueda recaer en ellas tiende a definir una situación de falta de certeza acerca de la existencia de una relación jurídica”.
El magistrado inclusive aclaró que “dictar la cautelar solicitada importaría tanto como adelantar el pronunciamiento definitivo”. Por otra parte, sostuvo que la jurisprudencia ha admitido pacíficamente que las acciones declarativas “no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de legitimidad que ostentan”.
El Gobierno de la Ciudad expresó que la explotación y regulación “de la actividad lúdica en el ámbito local” es de su “exclusiva competencia”, por lo que se encontraría sometida a la jurisdicción local, dejando en claro que no resulta un obstáculo la ley Cafiero (24.588), que reglamentó el artículo 129 de la Constitución Nacional dejando a salvo los intereses del Estado Nacional, mientras que la Ciudad siga siendo capital del Estado.
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