Luego de un par de suspensiones, el ex jefe de la Policía Federal, comisario mayor retirado Rubén Santos declarará como imputado ante la juez María Servini de Cubría, en la causa donde se deslindan responsabilidades por la represión del 20 de diciembre de 2001 en el centro porteño, que dejó cinco manifestantes muertos y marcó la salida del gobierno de Fernando De la Rúa. Santos tenía que declarar el 1 de abril pasado, pero no se presentó por "cuestiones personales" y finalmente declarará mañana, confirmaron fuentes judiciales. El ex jefe policial deberá declarar por los vejámenes producidos por sus subordinados contra manifestantes en la tarde de aquel jueves negro. Es un delito que agregó la Cámara Federal al analizar la causa, en la que Santos ya está procesado aunque en libertad por el "homicidio culposo" de las cinco víctimas de la represión.
Nuevo pedido
Ante la posibilidad que se cree el campo propicio para el fraude el apoderado del PJ capital pidió ante la justicia la suspensión de las elecciones prevista para el próximo 8 de junio, ratificadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Anibal Ibarra. La presentación fue formulada ante la juez federal con competencia electoral María Servini de Cubría por el apoderado justicialista Abel Emilio Cardellichio, el mismo que días atrás obtuvo la suspensión de los comicios y obligó a Ibarra desdoblar las elecciones nacionales de las comunales, mediante el decreto 578. En su nueva presentación impugnando ese decreto, Cardellichio sostuvo que “es imposible llevar a cabo comicios simultáneos con el doble número de mesas por capricho de las autoridades de la ciudad” cuando “no existe espacio físico posible”. Especuló además con que la “aglomeración” de los recintos en los cuales se llevarán a cabo las elecciones, “generará un caos que facilita el fraude electoral”, a la vez que advirtió “que no está definido quién estará a cargo de la seguridad” de los comicios.
"Pepino" extraditado
José "Pepino" Fernández y Mario Rearte, los dos piqueteros de Tartagal que fueron detenidos ayer cuando salían del Congreso de la Nación por orden del juez federal de Salta Abel Cornejo, fueron identificados hoy por el juez Claudio Bonadío, como paso previo a ser enviados a la provincia norteña, confirmaron fuentes judiciales. La semana pasada, los desocupados habían cortado la ruta 34 en el extremo norte del país para reclamar el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada a los despedidos de YPF, por lo que se les abrió una causa judicial. Mientras los dos dirigentes aguardan ser trasladados a Salta, una veintena de manifestantes esperaban frente a los Tribunales de Comodoro Py la libertad de los detenidos. La abogada de ambos, Liliana Mazea, no ocultó la sorpresa por la orden de detención ya que el delito que se les imputaría (entorpecer las comunicaciones terrestres, penado en el artículo 194 del Código Penal) es excarcelable.
Seguirán presos abogados y prefectos
Los ocho supuestos integrantes de una banda dedicada a extorsionar personas para "arreglar" causas judiciales por autos "truchos" seguirán detenidos por orden del juez federal Claudio Bonadío quien rechazó un pedido de excarcelación presentado por las defensas de los imputados. Los imputados, dos abogados, una contadora y cuatros miembros de Prefectura, fueron apresados esta semana cuando se aprestaban a cobrar un dinero exigido con el propósito de "arreglar" un expediente que tramitaba ante el juzgado federal 9 de la Capital. Los imputados son Gustavo Idiart, Elizabeth Mirco, María Isabel Menecino, Héctor Prigliasco, Ricardo Daltier Aurelio, Alejandro Kucan, Héctor Velázquez y Carlos Gutierrez. Fuentes judiciales confirmaron que el juez denegó la excarcelación por la "calificación de los hechos que se les atribuye" a los detenidos.