La denuncia de la AABA fue presentada antes del comienzo del desembarco norteamericano, el 27 de febrero, y apuntaba a “los funcionarios de EE.UU., Gran Bretaña, España e Italia que no estén amparados por la inmunidad de jefes de Estado, y que dirigen y/o participan en la preparación del ataque militar contra Irak”, por los delitos de “conspiración contra la paz y asociación ilícita para cometer crímenes contra la paz y crímenes de guerra”.
Después, cuando comenzaron los bombardeos sobre Irak, los denunciantes presentaron ampliaciones a la denuncia original y extendieron los delitos presuntos al “delito conexo de crimen de lesa humanidad, según lo establecido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional bajo la forma de tortura y privación ilegal de la libertad con apremios ilegales.
Los denunciantes explicaron que “desde el ángulo del Derecho Internacional imperativo”, también conocido como derecho de gentes, “la denuncia se fundamenta en el artículo Sexto del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg” de 1945, ratificado luego por las Naciones Unidas.
También se citan en la presentación las confirmaciones de prisión preventiva de los ex dictadores argentinos Jorge Rafael Videla en la causa por la Operación Cóndor y de Emilio Massera en casos de sustracción de menores, en las que la Cámara Federal porteña reitera que el Estatuto del Tribunal de Nüremberg es una fuente actual del Derecho Internacional.
Ya en el plano nacional, la denuncia imputa el delito de asociación ilícita para cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad, recordando de nuevo que para la Cámara Federal “la sola concertación del acuerdo” para cometer estos delitos “ya es un crimen de lesa humanidad”.
En las ampliaciones de la denuncia, se detallan los bombardeos a instalaciones civiles y la interrupción del suministro de agua y medicamentos y otros episodios de la invasión, a los que calificaron como "crímenes de guerra".
La denuncia la suscriben José María Pizzorno, Eduardo Molina Quiroga y Ernesto Julio Moreau, por la AABA, con el patrocinio de los abogados Lucrecia Noemí Córdoba, Marcela Hernández, Matilde Scaletzky, Susana Elvira García, Sandra Fodor, Rita Noemí Vicente, Delia Basualdo, Laura del Cerro, Norberto Casanello, Alberto Pedroncini, Antonio Salviolo y Alejandro Geofroy Lasalle.