En una resolución de 16 páginas que Diariojudicial.Com publica íntegra, el juez Canicoba Corral aseguró que después de procederse a la detenida escucha de las más de 16 horas de declaración del ex secretario federal, no se verificaron los presupuestos de falso testimonio.
Además de los cassettes, el TOF 3 había enviado al juzgado de Canicoba un escrito donde detallaba 147 supuestas omisiones o falsedades cometidas en la audiencia por De Gamas, que para Canicoba no fueron tales.
El juez de instrucción separó su resolución en cinco apartados asegurando primero que las precisiones que se le exigieron a De Gamas “son detalles difícilmente perdurables en la memoria de un secretario”.
“No parece inmediatamente exigible semejante esfuerzo memorístico a quien abandonó la investigación y la ciudad hace años”, indicó Canicoba sobre De Gamas, quien en 1997 se mudó a Ushuaia, donde se desempeña como secretario de un tribunal penal.
El juez también valoró que los que interrogaron a De Gamas -en referencia al Tribunal Oral y las partes del juicio- “contaban con las piezas que daban respuesta a los interrogantes someramente enunciados y cada exigencia de respuesta tan precisa iba necesariamente mellando la seguridad” de De Gamas en la audiencia, que calificó de “casi inacabable”.
Canicoba también aseguró que no hubo en la actuación de De Gamas frente al Tribunal, (que la mayoría de las partes de una u otra manera cuestionaron) “una conducta dolosa”.
“Su ánimo no habría sido otro que el de cumplir con la carga pública de testimoniar en una investigación judicial sin que sea dable advertir una deliberada intención de conducir a engaño a los magistrados”, indicó el juez sobre la posición de De Gamas en la audiencia oral.
También, el magistrado de primera instancia opinó que no se le puede exigir a un secretario federal que de cuenta de decisiones tomadas por su superior, es decir, por el juez.
“Una decisión adoptada por un magistrado en ejercicio de sus funciones de ninguna forma puede ser considerada una forma de participación en la decisión”, indicó Canicoba, refutando así las imputaciones del TOF 3 que había señalado como elementos del falso testimonio las pocas o nulas precisiones que De Gamas arrimó en torno a decisiones tomadas por el Juzgado, con su intervención.
Por último, Canicoba aseguró que, en algunos casos, De Gamas fue preguntado sobre hechos que podrían resultar autoincriminantes.
“Es dable presumir que manifestando lo que ostensiblemente quería ser escuchado por su auditorio hubiera debido reconocerse interviniendo en un hecho tal vez administrativamente irregular o hasta delictivo”, dijo el juez en su resolución.
Pero sobre el final de su escrito, el juez Canicoba, opinó que “es palmaria la gravedad de imputación eclipsada sobre funcionarios judiciales actuantes en la instrucción de la causa AMIA detrás de tal interrogatorio que se formulara al secretario judicial”
Más allá de la resolución del juez, la causa por ahora no será archivada, porque hay una apelación pendiente de la defensa de uno de los imputados por el atentado, Juan José Ribelli, que intentó constituirse como querellante contra De Gamas, lo que fue rechazado por el juez Canicoba.
Recordemos el informe In voce del domingo
CRISIS. Es la que está atravesando la causa en la que se ventila el juicio oral y público por el atentado a la AMIA. Si bien están lejos los nubarrones que pronosticaban nulidades y mayores postergaciones, a partir de la detención del ex secretario de Galeano, las pulsaciones de los protagonistas pasaron de la balada al rock´n roll. Es que además de aproximarse la segura falta de mérito de Javier De Gamas en instrucción, con términos que el juez actuante todavía no precisó, la severa performance que el tribunal oral tuvo en estas últimas semanas generó todo tipo de especulaciones. Una de ellas tenía como epicentro la figura del camarista Guillermo Gordo, el ex juez de Lomas de Zamora, por su muy buena relación con “Coco” Rossi, un ex superior de Ribelli y su cuñado Ojeda, con quien se habría visto en las horas previas a la insulsa declaración del jefe policial. No hay nada de malo en ello, reconocen quienes advirtieron del encuentro, indicando que antes de la reforma de Arslanián los jueces de la provincia tenían estrecha relación con los cuadros de la bonaerense. Pero estos señalamientos sin duda marcan el grado de presión que se trata de meter de un lado y del otro. Advertido de ello, un alto magistrado con despacho en el mismo edificio y marcada ascendencia entre ambas partes (federal 9 y TOF3), habría sido el artífice de la tregua procesal fijada hasta el día 21. Todos confían en que los ánimos de esta interna judicial se serenarán, pero la gente de Galeano quizás nunca le perdone a Pons haber dicho que las “causas excepcionales” no existen: ”ellos pidieron suspension de turnos, contratos nuevos eligiendo a quienes contratar, programas informáticos, un año y medio de preparación del juicio, cambiaron normas procesales, concedieron prórroga en vistas improrrogables para el código, como la de proponer prueba y las notificaciones que debe hacer el tribunal se realizan en dias fijos por secretaria”, se quejaba uno de sus hombres pese al silencio impuesto por su jefe. Pero como en el alud, se puede frenar la primera piedra, pero bien dificultoso será detener a las que se movieron en su derrotero. (Especial de Diariodeljuicio.com)