En esta oportunidad, De la Rúa deberá declarar en torno al expediente en donde esta acusado del supuesto delito de malversación de caudales públicos, a raíz de que habría utilizado en su provecho los servicios de un jardinero contratado por el Concejo porteño.
La decisión de mandar a buscar a De la Rúa por la fuerza pública responde a que en las ocasiones anteriores la defensa del imputado presentó diversos artilugios legales con el fin de que el imputado lograra evadir la declaración en sede judicial.
La última vez que el renunciante presidente lograra evadir la justicia se dio el 6 de marzo pasado, oportunidad en que los abogados Fernando y Gustavo Díaz Cantón y Miguel Angel Almeyra presentaron un recurso de queja ante la Cámara del Crimen, lo que implicó la suspensión del interrogatorio previsto para el 12 del mismo mes.
La investigación se inició, cuando De la Rúa era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los concejales de su partido denunció que José Benito Passo, el jardinero de la quinta de fin de semana de quien sería entonces futuro presidente, estaba anotado como empleado público.