En un dictamen de 74 carillas, que Diariojudicial.com publica íntegro, Stornelli detalla que Kammerath “aprovechándose de su situación de privilegio como máximo responsable” del área de Comunicaciones “encaró la asignación de distintas bandas de frecuencia de alta densidad del espectro radioeléctrico, para así favorecer a empresas vinculadas a él o a personas o sociedades que no reunían los requisitos para acceder a las frecuencias”.
Para Stornelli, las asignaciones se efectuaron “de manera discrecional y secreta a empresas vinculadas, cuando lo conveniente a los fines de garantizar la transparencia hubiera sido convocar a licitación o alguna otra forma de concurso público, que le hubiera permitido obtener al Estado importantes ingresos con su venta”.
Es el caso de la empresa Macrocom, una empresa recién constituida que no presentó balances, pero se basó en el “respaldo técnico y patrimonial a través de la integrante denominada Comercial Feyro S.A”, que sin embargo, es una empresa dedicada a la venta de artículos del hogar con sede en la ciudad de Córdoba, ”sin antecedentes en la prestación de servicios de telecomunicaciones”.
Luego de detallar todas las asignaciones que considera irregulares, empresas vinculadas al cuñado de Kammerath, Marcos Aurelio Alvarez, “se hicieron acreedores –a título gratuito- de importantes bandas que pudieron ser luego vendidas a precios millonarios sin contar para ello con otro antecedente” que no fuera el vínculo familiar con el secretario de Comunicaciones.
En esta causa el 25 de marzo último Kammerath fue citado a declarar como imputado y “realizó una exposición tratando de justificar su conducta y se negó a contestar preguntas del tribunal o la fiscalía”, confirmaron fuentes de la causa.
La acción penal que se instruye con la intervención del fiscal Stornelli, la iniciaron los diputados Graciela Ocaña, de Argentinos por una República de Iguales (ARI), y sus colegas Irma Parentella y Atilio Tazzioli del Frente Grande, a la que luego se sumó la Oficina Anticorrupción (OA), que fue autorizada a actuar como parte querellante.