Fuentes de la Procuración aseguraron a Diariojudicial.com que el jefe de los fiscales solicitó hoy a Freiler y a Delgado que hicieran su descargo ante las acusaciones del “Señor Cinco”, para luego decidir si inicia el procedimiento interno de destitución de los integrantes del Ministerio Público, muy similar al que utiliza el Consejo de la Magistratura con los jueces.
La interpretación que hicieron fuentes judiciales durante la jornada es que se trataría de un intento de la Secretaría de Inteligencia para apartar a los fiscales de la causa, que vienen dándole impulso inclusive desde la etapa en la que el juez a cargo era Carlos Liporaci, antes de que se hiciera cargo Gabriel Cavallo.
Freiler y Delgado intentaron que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hiciera una auditoría en las cuentas de la SIDE para poder establecer si de ese organismo salió parte del dinero que habrían cobrado algunos senadores, lo que fue leído como una provocación teniendo en cuenta las públicas peleas entre Rafael Bielsa, titular de la Sigen, y Carlos Becerra.
Finalmente, la íntima relación de Cavallo con el director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, llevó la auditoría a ese organismo que depende jerárquicamente del ministro de Justicia, Jorge de la Rúa.
Quienes caminan los pasillos de los tribunales de Retiro se preguntan porqué recayó la acusación de las filtraciones en los dos fiscales, si en la reunión además estuvieron Cavallo, los camaristas Luisa Riva Aramayo, Horacio Raúl Vigliani, Jorge de la Rúa y el propio Carlos Becerra.
Aquella reunión del 14 de junio había sido pedida por Cavallo, que intentaba ampliar la información que había obtenido Liporaci y que el juez había considerado insuficiente. El magistrado que está a poco de convertirse en camarista de la Sala I quería conocer precisiones acerca de “todo tipo de documentación relacionada con las extracciones de dinero”.
El juez quiere comprobar el destino de dos cheques por 6,2 millones de pesos que salieron de una cuenta que sería de la SIDE y que se cobraron por ventanilla pocos días antes de la polémica sanción de la reforma de las leyes laborales.
Ninguno de los agentes judiciales, ni jueces ni fiscales, están autorizados por la ley para conocer los datos de los movimientos de las cuentas reservadas, pero en este caso había mediado una autorización del Poder Ejecutivo, y fue por eso que estuvo presente el ministro De la Rúa.
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Chequeo 14/6/2001