La presentación fue formulada por los senadores nacionales Marta Raso (UCR/Chubut) y Gerardo Morales (Frente Cívico Jujeño), junto al diputado nacional José Vitar (ARI/Tucumán), quienes reclamaron la revocatoria del contrato de concesión de Correo Argentino SA (CASA).
Según se informó, se trata de “una acción de defensa del consumidor, en los térmicos de los artículos 52 y 53 ley 24.240”, contra el Estado Nacional, la SECOM, la CNC y la empresa Correo Argentino SA.
La acción conjunta le endilga a la empresa el incumplimiento del pago del canon, reclama una condena “resarcitoria por daños y perjuicios por los reiterados incumplimientos del contrato de concesión” y pide que se investigue “la responsabilidad de funcionarios públicos que no cumplieron con su función de control conforme la normativa legal aplicable a la privatización de Encotesa.
Por otra parte reclamaron a la Justicia que ordene a los demandados “cumplir con todas las recomendaciones y observaciones determinadas en los informes producidos por la Auditoría General de la Nación los pasados 17 de Abril de 2.001 y 13 de Mayo de 2.002, aprobados por Resoluciones 195/01 y 90/02”.
Dichos informes fueron elevados para conocimiento a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración del Senado de la Nación de quien depende este Organismo, donde fueron aprobados por la mayoría el pasado 12 de noviembre.
Asimismo, los legisladores autores de la denuncia reclamaron a Correo Argentino SA que cumpla con el pago del canon adeudado por más de 600 millones de pesos, más todos los daños y perjuicios derivados de los incumplimientos en que incurrió conforme el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato de Concesión así como el resarcimiento económico al Estado.
Los legisladores advirtieron, por otra parte, que “la renegociación que se pretende realizar, se lleva adelante en un marco que no es el adecuado para el desarrollo de la misma y es necesario que la Justicia suspenda el trámite".
Indicaron que además del incumplimiento en el pago del canon, la empresa ha incurrido en “presunto vaciamiento del patrimonio mueble e inmueble del Correo Oficial”, así como también en la “violación reiterada y sistemática de las cláusulas del contrato de concesión”.
"La administración privada ha acarreado serias dificultades operativas y de gestión en sus años de operación. Basta decir que en el mes de agosto de 2.000, se ha presentado en Concurso Preventivo de Acreedores, en el marco de la Ley 24.522, por un pasivo de $ 763.000.000, aún cuando el propio contrato (cláusula 30.1.c) dispone que la sola presentación a concurso es causal de rescisión del mismo", agregaron Morales y Raso.
Los legisladores coincidieron en advertir que ante la situación por la que atraviesa la empresa, "el Estado Nacional no ha tomado ninguna medida, produciéndose una situación de total incertidumbre respecto de la prestación de los servicios postales y su falta de control”.
“Agrava aún más esta situación, la intención del Poder Ejecutivo manifestada en convocatoria a Audiencia Pública sobre el Correo Argentino, la cual fue realizada con denuncias por parte de los actores del servicio postal, de usuarios, y bajo palmarios incumplimientos del concesionario".