Rumores que circularon durante los últimos días por el cuarto piso del Palacio de Tribunales suman puntos a la decisión que tomaría mañana la Corte Suprema: no reducir los salarios de los magistrados, aunque sí invitarlos a que lo hagan por su propia voluntad. Esta fue además la determinación de los ministros ante el último recorte (decreto 430/2000), que finalmente quedó sin efectos tras las nuevas medidas económicas.
Fuentes del Alto Tribunal advirtieron hoy a Diariojudicial.com que la urgencia de la cuestión podría hacer caer esa ya clásica premisa de que los temas más trascendentes no se deciden sin la totalidad de los ministros. Además, la presencia de siete de ellos en el acuerdo previsto para mañana será una excepción hasta bien entrado el mes de agosto, luego de finalizada la feria y tras varias licencias anuales.
A primeras horas de la mañana se realizó en Olivos una reunión entre los hermanos De la Rúa. El presidente y el ministro de Justicia analizaron las distintas gestiones que se están realizando para que los magistrados se sumen voluntariamente al ajuste que propuso el Ejecutivo.
Más tarde, en la Casa de Gobierno, el subsecretario de Comunicación Juan Pablo Baylac habló del tema con los periodistas allí acreditados y solicitó a la Justicia que “asuma la responsabilidad” y que realice un “gesto de solidaridad para eliminar los privilegios”.
Al cierre de esta edición aún no se había concretado la reunión entre Jorge de la Rúa y el presidente de la Corte, Julio Nazareno, en la que el titular de la cartera de Justicia le transmitiría la necesidad del Ejecutivo de que el Poder Judicial se acople a la serie de medidas, que incluye un recorte del 13 por ciento para los empleados públicos, aunque por ahora se encuentran excluidos los que pertenecen a los poderes Legislativo y Judicial.
Por otro lado, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial comenzaba al caer la tarde un encuentro en el que sus agremiados debatían qué hacer ante una inminente decisión de la Corte respecto de un recorte que en la Justicia no es nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que afectaría también a los fiscales y a los defensores oficiales.
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