El juez entendió que condenarlo hubiese sido un atentado contra la "libertad de expresión" ya que “parte de la función pública debe comprender la crítica de las acciones”.
Manfredotti se constituyó en querellante luego de que Masnú le enviara dos notas en mayo de 2000, redactadas en términos irónicos, por lo que el mandatario y su abogado entendieron que las mismas constituían una injuria en su contra accionando tanto en el aspecto penal como en el civil debido a que sostenían que también había existido "daño moral".
Entre otros fundamentos, el juez Correccional Enrique Calot expresó que "la libertad de expresión sobre la conducta de funcionarios públicos interesa, no sólo para dar a conocer lo que sabe sino igualmente para criticar, inclusive mediante comentarios eventualmente peyorativos; la crítica constituye un eficaz instrumento de contralor de los actos de gobierno y de valoración de los asuntos de interés general”.
En este sentido, el magistrado indicó que “el derecho a la crítica académica o humorística, es esencial al sistema porque permite formarse opinión, evaluar, sopesar las acciones y obrar en consecuencia; la protección del honor de los funcionarios públicos tropieza con el derecho de preservar ese derecho a la crítica, inherente a toda sociedad democrática; la preservación del derecho de la crítica es esencial al sistema republicano.
Además, explicó que “la aceptación de una función pública entraña un táctico sometimiento a la crítica de los demás; el sujeto se coloca en una ‘vidriera’ sujeta a inspección y contralor por los interesados en el manejo de los asuntos de la sociedad”.
“La función pública ofrece, de tal manera, un flanco inevitable a la supervisión y a posibles ataques a sus obras. Se trata de una suerte de asunción del riesgo y hasta de previsibilidad forzosa de la crítica, inclusive de la crítica injusta", concluyó Calot.