Es que la aprobación de este proyecto, que se bosquejó en el ministerio de Economía y se leyó como una señal de buena voluntad del Poder Ejecutivo para la negociación con el fondo podría conllevar un efecto no deseado para el “estilo K” que sigue arrollando en la arena política.
El efecto es, precisamente, que Pou y Fernández –dos ex funcionarios muy referenciados con la década de Carlos Menem- se valgan de esta ley para zafar de la docena de causas penales que tienen pendientes por su actuación al frente del Banco Central.
El más esperanzado es Pou, a quien se vio esta semana en Comodoro Py recorriendo los pasillos del cuarto piso. Allí se instruye la causa que más le preocupa: en la caída del Banco Feigin, el juez Claudio Bonadío lo tiene procesado por defraudación a la administración pública, junto al también ex presidente del Central y otrora ministro de Economía, Roque Fernández.
En el juzgado de Bonadío todavía recuerdan el escándalo que Pou protagonizó en diciembre pasado, cuando a los gritos reclamó por una inhibición de bienes dispuesta en la causa que le impidió realizar una transacción comercial. En esa causa, Pou tiene un embargo de setenta millones de pesos.
El otro piso de los tribunales federales que Pou transita con recelo es el segundo, ocupado por las oficinas de la Cámara Federal. Además de esperar que la Sala I defina la apelación al procesamiento de Bonadío, le preocupa la resolución de la Sala II que rechazó su sobreseimiento en la causa por la caída de otro banco, el Patricios.
Cuando rechazaron el sobreseimiento que en su momento impulsó el juez Norberto Oyarbide, los camaristas indicaron que Pou “retardó actos propios” por no adoptar a tiempo medidas para “salvaguardar el sistema bancario y el patrimonio de los ahorristas”.
Esto es, precisamente, un riesgo que según la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y de la Ley de Entidades Financieras votada la semana pasada los presidentes del Banco Central no deben correr.
Según el artículo 5 del texto que aprobó Diputados y que Diariojudicial.com publica íntegro, las decisiones de los funcionarios del BCRA “en ejercicio de las competencias y funciones adjudicadas” por la Carta Orgánica “sólo serán revisables en sede judicial cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas”.
Más adelante se dispone agregar al artículo 39 de la Carta Orgánica del banco que “no serán de aplicación al Banco Central de la República Argentina las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance general hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la Administración Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la presente Carta Orgánica.".
En fuentes judiciales prefirieron no opinar por ahora, sobre las consecuencias que esta ley tendría en las causas contra Pou y Roque Fernández. “Primero, hay que ver si el Poder Ejecutivo la promulga, después, veremos si se intenta hacer valer la ley más benigna”, explicaron las fuentes.
Más problemas con la Cámara
En rigor, la del Banco Patricios no es la primera causa que la Cámara da vuelta. A mediados del año pasado, los camaristas Martín Irurzun y Horacio Cattani, revocaron el archivo de una causa contra Pou por incumplimiento en lo dispuesto en la “ley del cheque”, instaurada en su momento por Domingo Cavallo. Esta es otra causa que podría caer ahora.
La otra medida de la cámara que ni Pou ni Fernández olvidan es la confirmación del procesamiento de ambos en la causa por la desaparición del Banco Basel, entidad que recibió un préstamo de 2 millones de pesos un día antes de que cayera.
Para la Cámara, los informes de la Gerencia de Estudios y Dictámenes Jurídicos del BCRA habían aconsejado no otorgar el préstamo, porque había síntomas de insolvencia y de una inminente caída.