El Tribunal de Defensa de la Competencia consideró que Repsol-YPF incurrió en una práctica prohibida, al fijar los precios de venta de los combustibles a los distribuidores. Repsol fijó el precio de venta al público en las estaciones de servicio que no son de su propiedad, pero que tienen un contrato de distribución exclusiva de sus combustibles, es decir que no pueden vender combustibles de otras petroleras. Son lo que se llama "estaciones de bandera", en la jerga de ese negocio. Para la legislación española, esta practica es abusiva por condicionar los precios finales y limitar la competencia.
El mes pasado, este tribunal impuso una multa de un millón de dólares a Cepsa, una empresa rival, por los mismos motivos. La multa contra Repsol se produce en respuesta a una demanda presentada en abril de 1999 por la Asociación de Propietarios de Gasolineras de Andalucía, contra ambas compañías.
Repsol, condenada a una multa más fuerte a causa del mayor número de distribuidores, tiene dos meses para apelar la medida.
Cabe destacar que, para la ley argentina de Defensa de la Competencia (25.156), "fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado" puede ser sancionado como practicas violatorias de la competencia leal, en la medida en que "tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general", conforme surge de los artículos 1 y 2 inc. a) de dicha norma.
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No es la única multa para la empresa. En nuestro país, en noviembre del año
pasado, la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico ratificó la imposición
de una multa de más de 109 millones de pesos a Repsol-YPF por violación a la
Ley de Defensa de la Competencia, al venderle gas licuado más barato a empresas
del exterior que a las radicadas en el país.
En el fallo se expresó que "la diferencia de precios alcanzó un 44 por ciento
en detrimento de los compradores nacionales y no se debió a mayores costos,
ni a una diferencia en el producto, ni a un mayor volumen de ventas en el exterior,
ni a una mayor seguridad en el pago por parte de los compradores extranjeros".
La multa había sido impuesta por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería,
cuando era su titular Alieto Guadagni, por trasgresión a la ley 22.262 (actualmente
derogada por la ley 25.156) durante el período 1993-97. Repsol-YPF presentó
un recurso extraordinario, que fue rechazado por la Cámara en lo Penal Económico.
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