“Resulta imperioso disponer en forma inmediata el cese de la obligatoriedad de asistencia aludida en tanto la misma es claramente innecesaria –por los fundamentos expuestos en la presentación referida del mes de noviembre del 2000 y por los que resultan del proyecto que se adjunta a la presente-, ya que mantener la vigencia de dicho régimen lleva a que los funcionarios terminen en definitiva desatendiendo cuestiones de imperiosa necesidad en la sede de sus secretarías con las eventuales consecuencias que ello puede arrojar”, enfatizaron Kiper y Tognola.
Atento a esto, Gemignani sugirió revertir esa situación pero aclaró que esto se debería dar “sin perjuicio que el juez a cargo de la causa pertinente pueda eventualmente decidir acerca de la concurrencia de los nombrados en algún caso particular teniendo en cuenta la importancia de la subasta, o a partir de la evaluación de los hechos que lo hicieran aconsejable.
Además, propuso establecer que el informe sobre el desarrollo del remate se agregue a las causas y que esté a cargo de la Oficina de Subastas Judiciales, además de hacer saber a las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país que deberán adecuar sus reglamentaciones a la resolución que se propone.
“Dicha solución permitiría, además, un ordenamiento adecuado del trabajo en los juzgados toda vez que el día y la hora de la subasta son fijados por el Jefe de la Oficina y no por el magistrado. Esto implica que los funcionarios, eventualmente, deban abandonar las tareas encomendadas por sus jueces, para cumplir con una obligación horaria impuesta sin tener en cuenta las necesidades propias de sus funciones”, puntualizó.
Agregó también que “no puede obviarse asimismo la gran cantidad de causas que a la fecha se encuentran tramitando en los juzgados que mayoritariamente se ven afectados por la acordada en cuestión como consecuencia de la situación económica atravesada por nuestro país”, análisis hecho en base a la gran cantidad de personal afectado al tema del denominado “corralito financiero”.
“En definitiva, con la solución propuesta, los secretarios y prosecretarios administrativos -salvo las excepciones decididas puntualmente por los magistrados-, quedarían liberados de una función que, a diferencia del tiempo anterior a la creación de la Oficina de Subastas, se encuentra en la actualidad adecuadamente cumplida por ésta, y les permitiría continuidad en el desarrollo de las sobrecargadas tareas que a diario se realizan en los juzgados”, concluyó Gemignani.