Según se desprende del texto, la Corte tomó la medida a raíz de las restricciones presupuestarias existentes pues “era necesario adoptar respuestas en las que impere un criterio de austeridad y prudencia potenciando los recursos humanos y materiales de la manera más eficiente.”
En ese sentido, la norma además dispone que sea la Administración General de la Corte la que efectúe la redistribución del personal que depende de la intendencia del Palacio de Tribunales.
Consultados por Diariojudicial.com los empleados de intendencia manifestaron pesar y preocupación por su futuro, ya que entienden que no saben que va a ser de su futuro. Al respecto, comentaron que “la intendencia no puede dejar de funcionar” dado que se ocupa de un centenar de cuestiones para que el edificio de Talcahuano 550 funcione todos los días.
En ese sentido, comentaron que en la actualidad dependen de intendencia cerca de 190 empleados entre administrativos y todos aquellos que trabajan en los distintos talleres que se encargan de realizar los arreglos que sean necesarios.
“Esto es un balde de agua fría, encima que no nos pagan los 200 pesos, ahora nos disuelven y lo peor de todo es que no sabemos que va a pasar con nosotros. Nos van a reasignar eso esta claro, pero a dónde”, comentó un empleado de intendencia con más de 20 años de antigüedad.
A pesar de la bronca y la incertidumbre la Corte ya tomó la medida con la firma de Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Guillermo López, Antonio Boggiano, y Juan Carlos Maqueda, por lo que la intendencia pasará a ser un buen recuerdo.
Por otra parte, fuentes tribunalicias consultadas indicaron que el tribunal ordenó además en otra acordada el traspaso del Archivo General del Poder Judicial de La Nación que estaba en su esfera a la órbita del Consejo de la Magistratura.