Para el ex consejero y viceministro de Justicia de la Nación, Melchor Cruchaga “el sistema actual es costoso”, pero al mismo tiempo advirtió que para que el jurado funcione en forma temporaria habría que “modificar la ley orgánica que determina su instalación en forma permanente”. El funcionario señaló que “habría que analizar la posibilidad de convocar un tribunal para cada caso en concreto”.
“Es un tribunal que tiene gastos y es una estructura muy grande. Si hay que hacer una reducción económica y hay personal afectado, entonces que estos vuelvan a ejercer sus funciones en Tribunales”.
Por su parte, el senador radical por la provincia de San Luis Jorge Agúndez, quien además integra el jurado, propuso reducir en un 30 por ciento los gastos de la planta permanente del jurado. “El jurado tenía un gasto de 20.000 pesos por mes de alquiler, pero nos mudaron y gastamos menos plata. El año pasado se le devolvió plata al tesoro”, recordó.
Agúndez rechazó la idea de proponer un jurado no permanente porque, en su opinión, “se presta a falta de seriedad y hay que elegir un tribunal para cada caso en concreto”.
Por su parte los consejeros Claudio Kiper y Margarita Argüelles se mostraron a favor de convocar al jurado de enjuiciamiento cuando tenga que resolver sobre un caso concreto.
Para que el jurado de enjuiciamiento deje de ser un órgano permanente es necesario modificar la ley 24.927/9 que crea el jury. Este cuerpo está conformado por nueve jurados miembros y 60 personas se encuentran actualmente efectivizadas por el Jury, sumando otras 20 que son contratadas pero trabajan en forma permanente.
Escuela Judicial
Por otra parte, acerca de del proyecto de Escuela Judicial para capacitación y asesoramiento de funcionarios y magistrados de la justicia y sus posibilidades presupuestarias frente al recorte, Melchor Cruchaga indicó que “es función vital del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial, realizar un esfuerzo en forma conjunta, pero el entrenamiento de los magistrados no se debe suprimir porque una de las causales de crisis en el Poder Judicial es la calidad, por eso hay que seguir entrenando a los funcionarios”. Asimismo el viceministro no descartó proponerle al Consejo de la Magistratura un trabajo en conjunto con un programa de capacitación con la Universidad de Buenos Aires”.
En tanto, Kiper indicó que “si no hay plata entonces los cursos se harán igual por medio de la UBA, el Colegio de Abogados o la Asociación de Magistrados para que se encarguen de la Escuela Judicial en cuanto a infraestructura”. El magistrado señaló que debería analizarse “suprimir el proyecto de la creación de una biblioteca para el Consejo, y utilizar la de la Corte Suprema, así como también reducciones de gastos de pasajes”. Tampoco descartó fusionar las comisiones de Acusación y Disciplina en un solo cuerpo.
Por su parte, la juez federal Margarita Argüelles explicó que “la capacitación de los magistrados es indispensable, pero con lo que hay este año en materia presupuestaria no creo que podamos ponerlo en funcionamiento”. En la misma línea que Kiper y Cruchaga, la magistrada propuso que el funcionamiento de la Escuela Judicial bien podría estar a cargo de universidades privadas o de la estatal”.
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