In Voce

LOCO MIA. Se aprobó un dictamen en comisión tendiente a que sea obligatorio que todos aquellos que se presenten en los concursos para cubrir vacantes para la magistratura, se sometan en forma obligatoria a un exámenes psicológicos para ver sin están en condiciones mentales de asumir sus cargos . El proyecto lo presentó el consejero Eduardo Orio, con el fin de que los estudios se realicen antes de que los concursantes se sometan a las entrevistas personales. La idea de mandar a los futuros camaristas y jueces a evaluar psicológicamente se apoya en que los que ingresan a la justicia en calidad de empleados, sí deben someterse a este tipo de estudios, no así los magistrados. En ese sentido, las fuentes del Consejo ironizaron: “más vale prevenir que curar” ya que opinaron que muchos de los jueces que están en funciones en la actualidad no pasarían ese tipo de estudios. Hay quienes dicen que así como se implementó para los jueces un régimen de declaraciones juradas patrimoniales en sobre lacrado, para que sea abierto ante eventuales requerimientos judiciales o del propio Consejo, debería implementarse un sistema análogo con los resultados de evaluaciones psiquiátricas de los actuales y futuros magistrados. Seguramente los jueces, al igual que en el pasado, se opondrán a esto. Quizás lo que mejor apoye la iniciativa de Orio es un caso que se manejó con muy bajo perfil y sin intervención mediática, y que esta columna conoce en todos sus detalles, referido a un juez que por la propia advertencia de sus pares y de su propia familia, hoy se encuentra bajo un proceso de insanía por los graves desequilibrios psíquicos que presentaba y que al parecer lo acompañaron durante un tiempo prolongado durante su ejercicio de la magistratura. Por el momento el proyecto de Orio fue aprobado por la comisión de selección, pero aún resta que ese dictamen sea tratado en el plenario del Consejo.

EL EXTRAÑO DE PELO CORTO. Con el pelo “casi rapado a cero” vieron al juez comercial que hace unas semanas fue “atrapado por la cámara (de TV)” en el marco del caso de la quiebra del club porteño Ferrocarril Oeste. “Cree que así no lo van a reconocer”, comentaron quienes vieron al magistrado sospechado. Dicen “que al otro día que salió el programa al aire llegó a su despacho a las 6 de la mañana con intención de presentar su renuncia”, hecho que aún no decidió. Si bien se espera ahora mejor destino para la causa, que recayó en manos de Margarita Braga del juzgado Comercial N° 22, los magistrados de la Sala C de la Cámara de Apelaciones del fuero corren de un lado a otro, desesperados porque tramitan una causa que pasó por las manos del mismo juez: la quiebra del Sanatorio Güemes. Por ello, después de ver el programa de televisión donde se filmaba al magistrado en sospechosas charlas, la Sala C llamó urgente a un acuerdo, y fueron a pedir copias de todos los expedientes sobre el caso del sanatorio, porque temen estar jugando con fuego. Al revés de lo que supone la gente, los hombres de la toga, conforman un gremio en donde las supersticiones a veces se respetan tanto como los códigos (siempre hay un lugar donde tocarse en forma disimulada). Y el caso del Güemes, al parecer, trae mala suerte a todo el que se le cruza, sólo basta recordar al ex juez Remigio González Moreno preso por haber presuntamente conformado una banda que extorsionó a los directivos del nosocomio, (la prescripción de la causa lo devolvió a las calles y a la profesión de abogado). El magistrado que lo mandó tras las rejas, en uno de los primeros intentos de autodepuración de la justicia, fue el juez Luis Velazco, quien delegó la tarea en un brillante joven con futuro prometedor: nada menos que el hoy federal Juan José Galeano. A González Moreno le tocó una temporada en Devoto. Al comercial Herrera... ¿qué le deparará el destino?

CHANGUITA. Aunque el último día de noviembre ya cobró su primer sueldo como juez de la Corte Suprema de Justicia, a Eugenio Raúl Zaffaroni le cayeron unos manguitos adicionales justo para fin de año. Es que la Cámara Federal confirmó que deberá cobrar 3.500 pesos de honorarios por defender a la aguerrida diputada Garré en un juicio por injurias que le entabló en su momento el ex titular de Migraciones en tiempos de Carlos Menem, Hugo Franco. Resulta que Franco desistió de proseguir con la querella y el juez Ballestero le fijó los honorarios profesionales al por entonces abogado particular Zaffaroni en esa suma nada despreciable si de comprar guirnaldas, arbolito y regalos para poner a los pies del ídem se trata. Al ex funcionario (ni menemista ni duhaldista, sino “franquista” de la primera hora), cuya última aparición mediática fue al transpirar la camiseta como testigo en el caso AMIA, le pareció excesiva la regulación de honorarios dispuesta por el juez Jorge Luis Ballestero y apeló ante la Cámara, que no le dio la razón. A pagar entonces. Eso sí, Zaffaroni deberá compartir ese emolumento con el abogado Jacobo Grossman, liberado ya públicamente de las ataduras del pasado y trabajando de lleno en la profesión luego de su resonante exposición mediática en las audiencias públicas durante el nombramiento en la Corte del consagrado profesor de derecho penal.

alejandro s. williams / dju