Por su parte, también se presentó en el despacho de Oyarbide el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, quien le comunicó al juez que el ministerio de Justicia creó una comisión especial para colaborar con la investigación del hecho, al que el funcionario calificó sin dudar de “atentado”.
“Es interés del gobierno nacional llegar al fondo de la cuestión”, explicó Duhalde en diálogo con periodistas acreditados en Comodoro Py 2002 y agregó que invitó a participar a “las víctimas y las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos” que más temprano visitaron al juez para constituirse como querellantes.
“Les ofrecimos que se integren para que puedan aportar prueba y en algún momento tener un papel activo en la investigación de la causa, hay que coordinar esfuerzos”, explicó el funcionario.
Todos querellan
Acompañados por un puñado de militantes de distintas organizaciones, un nutrido grupo de abogados se presentaron ante Oyarbide a media mañana para pedirle que los tome como querellantes en la causa, que se instruye con la intervención de los fiscales Patricio Evers y Luis Comparatore.
“Nos presentamos como víctimas y querellantes contra quien resulte el autor de haber puesto la bomba en la Plaza de Mayo”, explicó Beto Ibarra, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), uno de los grupos de “piqueteros duros” que se vieron afectados por la explosión.
Entre los grupos que se presentaron figuran el Bloque Piquetero Nacional, el MTL, la Coordinadora de Unidad Barrial, el CTD Aníbal Verón y una larga lista de organismos de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; junto a organizaciones estudiantiles como la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y a partidos de izquierda.