Al anular los contratos de parquímetros y grúas de las empresas STO y SEC y al entender que ello debió suceder en 2001, los denunciantes entendieron que de esta manera el magistrado abre la posibilidad de que los automovilistas afectados por el accionar de STO y SE reclamen judicialmente los reintegros de los items cobrados por las empresas como acarreo, permanencia en los playones y otros desde marzo de 2001, cuando finalizó la concesión, además de poder oponerse al secuestro de sus rodados.
En este sentido, los accionantes Antonio Cartañá -ex ombudsman de la Ciudad- y Jorge Zatloukal, agregaron que el magistrado ordenó al gobierno porteño de Aníbal Ibarra llamar a licitación de los servicios en un plazo no mayor a sesenta días. Según Cartañá, “el perjuicio fiscal para el Gobierno porteño ascendería como mínimo a 170 millones de pesos, ya que la recaudación de los parquímetros y las instalaciones, según el contrato, debían pasar al estado una vez cumplido el plazo”.
Completó al opinar que “hace tres años que estas firmas están apropiándose indebidamente de la recaudación y ha quedado demostrado que al estar vencidos los contratos, la pretensión de las empresas de cobrar el estacionamiento carece de todo sustento legal”. Zatloukal, por su parte, explicó que las empresas STO y SEC se valieron “de la simple tolerancia de la administración y de la pasividad de los organismos de supervisión”.
Por esto, el pasado 16 de diciembre había sido indagado el ex titular del Ente Unido de Control, Néstor Vicente, por el juez correccional Fernando Larraín, ante una denuncia sobre la situación de vencimiento de contratos de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.