“Tengo por acreditado que él acondiciono y entregó la Traffic, y que reforzó el sistema de amortiguacion trasero”, avanzó el letrado sobre Telleldín, sobreentendiendo que pertenecía a ese vehículo el block del motor encontrado en el escenario del atentado y un amortiguador hallado en el cuerpo de una de las víctimas, descartando además la hipótesis de la colocación de la bomba en un volquete o que explotó desde el interior de la AMIA.
“No estamos solos en este alegato, nos acompañan todos nuestros muertos”, comenzó Jacoby, citando un texto del juicio de Nüremberg, proceso en el que se juzgó a los nazis implicados en el Holocausto. “Tras nueve años y medio solo hemos identificado un pequeño eslabón de la cadena de responsabilidades” y “solo sabemos que sabemos casi nada”, agregó el abogado.
“Las justicia retardada en el tiempo es peor que la injusticia”, opinó el letrado, entendiendo que “la masacre de la AMIA fue una violación masiva a los derechos humanos”, destacando que “además de los hechos” los afectados “fueron victimas de la justicia”.
Además, Jacoby dedicó algunos párrafos a los aparatos del Estado Nacional, pidiendo explicaciones por no cerrarse la zona tras el atentado “para que no se fragüe la prueba”, explicando que por ello sólo tienen certeza de culpabilidad sobre el ex reducidor de autos Carlos Telleldín.
Memoria Activa es la agrupación más crítica que nuclea a algunos de los familiares de las víctimas, y a diferencia del resto de los acusadores, responsabiliza también al Estado argentino por el ataque a la mutual.
Al cierre de esta edición continuaba Jacoby el alegato por parte de Memoria Activa, quien además solicitó el día de mañana para proseguir con su alegación. En tanto no formuló acusaciones contra Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Anastacio Leal y Raúl Ibarra, policías bonaerenses imputados de participar en el atentado a la AMIA.
Por su parte, la DAIA lamentó la decisión del tribunal oral federal que rechazó “la transmisión en forma directa, a través de los medios de comunicación radiales y televisivos” de los alegatos, al expresar que esto “impide que la opinión pública nacional e internacional pueda ser testigo de los fundamentos de las acusaciones, y la fuerza de las pruebas existentes contra los imputados”.
"El 18 de julio de 1994 se atacó a nuestro país, en su ciudad capital y se mató e hirió indiscriminadamente a sus ciudadanos; el juicio oral es más que una cuestión de derecho penal, se trata también del juicio a la impunidad, a la indiferencia, al encubrimiento y a las complicidades” sostiene la DAIA en un comunicado, firmado por el nuevo presidente de la entidad, Gilbert Lewi.