El decreto de necesidad y urgencia 1295/03 que firmó el presidente Néstor Kirchner el 18 de diciembre pasado genera cada vez más detractores en las provincias, ya que el régimen de promoción industrial, que desde comienzos de los años 90 favorece a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, le habría causado pérdidas económicas a varias regiones por la fuga de capitales hacia los territorios beneficiados por exenciones impositivas. El gobierno de La Pampa fue uno de los últimos en sumarse a la polémica sobre la promoción industrial, al difundir un reclamo de indemnización a la Nación, similar al de Mendoza, por supuestos perjuicios generados por el régimen que beneficia a cuatro estados. La administración pampeana reclama en los tribunales desde hace varios años un resarcimiento al gobierno central por 300 millones de pesos, la mitad de lo que exige Mendoza, teniendo al igual que en el caso mendocino un dictamen favorable del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. Con los mismos argumentos que Mendoza, La Pampa aduce que el régimen de promoción industrial, que desde comienzos de los años 90 favorece a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, le causó pérdidas económicas por la fuga de capitales hacia los territorios beneficiados por exenciones impositivas. Si bien la primera provincia en manifestar su oposición fue Mendoza, se sumaron también los gobernadores de Entre Ríos, Jorge Busti, y empresarios del sur de Córdoba. Por su parte, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) se manifestó a favor de la ley 22021 de promoción industrial, que nació de un acta de reparación histórica, y se declaró en contra de su politización, argumentando que “ésta permitió generar una dinámica de empleo, compensando la desigualdad de oportunidades que existe en nuestro país”.
A favor
La Asociación de Abogados de Buenos Aires manifestó públicamente su apoyó para que María del Carmen Argibay sea nombrada como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ABA manifestó su adhesión por medio de la resolución 104 en donde afirmó que “estaba fuera de toda duda la relevancia científica, doctrinaria, académica, profesional, política y ética” de la candidata del gobierno a ocupar un lugar en el alto tribunal. El escrito llevó las firmas del titular de la entidad, Ernesto Moreau, y la de su secretario General, Norberto Lorenzo.