El 22 de enero de 2002 Total S.A. radicó el pedido ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por incumplimiento de contratos, en tanto que ahora el organismo dependiente del Banco Mundial deberá conformar un tribunal especial para que se encargue de la investigación.
Esta es la última demanda radicada en el tribunal contra la Argentina por parte de un grupo extranjero que se siente afectado por el cambio de las reglas de juego locales y por entender que el abrupto final de la convertibilidad significó el incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado Nacional..
En el CIADI ya hay radicadas más de veintisiete denuncias contra la Argentina por parte de inversores extranjeros, en especial de corporaciones controlantes de empresas de servicios públicos privatizadas, sumando en total más de 4.000 millones de dólares, mientras que más de una docena fueron interpuestas por empresas privatizadas.
En el caso de Total, aducen los problemas a la emergencia económica por derivarse en el congelamiento tarifario en el transporte de gas y en la generación de electricidad, con la imposibilidad de poder cobrar 100 por ciento de la energía que entrega a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que controla el suministro energético del país.
El grupo francés posee en el país 19,2 por ciento de las acciones de Transportadora de Gas del Norte (TGN); 56,5 por ciento del consorcio que opera Gas Andes y 32,7 por ciento en Transportadora de Gas del Mercosur (TGM) que conecta el país con Brasil, y también controla indirectamente 41,3 por ciento de Hidroneuquén -empresa propietaria de Piedra del Aguila- y otro porcentaje similar en la usina térmica de Central Puerto.
Además, Total tiene en marcha una inversión por 400 millones de dólares para instalar en sociedad con Pan American Energy y Wintershall dos plataformas de extracción de gas en los yacimientos marinos de Carina y Aries, según informó la agencia Nosis.