La cuenca Matanza-Riachuelo abarca territorios de la Capital Federal y 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, y hace ya casi una década que la entonces secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, hoy presa, prometió a la gente que en mil días podría bañarse en sus aguas.
En 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinó un préstamo de 250 millones de dólares a Argentina para llevar a cabo el Programa de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca, pero al gastar la mayor parte de este dinero en supuestos trabajos de consultoría, el BID multó al Estado por seis millones de dólares por no haber dedicado los fondos al saneamiento.
Según este reciente estudio, los 4,8 millones de personas que viven en la zona comprendida por la cuenca Matanza-Riachuelo “toleran conductas homicidas para la salud colectiva de la población y del medio ambiente”, ya que a lo largo de la cuenca existen metales y sustancias como plomo, mercurio, cromo, xileno, etilbenceno y tolueno, que provocan plagas, infecciones y enfermedades como leptospirosis, peste pulmonar, hanta virus, fiebre hemorrágica, tétanos, parásitos, dengue, diarrea y hepatitis.
En caso de que el Gobierno nacional no dé ninguna respuesta, la Defensoría, junto con las entidades que realizaron el informe, iniciará en marzo acciones legales contra el Estado, ya que este organismo vaticina que de persistir la actual situación, en cinco años, unos cinco millones de personas estarán en peligro de contaminación, lo que equivale al 14 por ciento de la población de Argentina.
El abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, Daniel Pertiñal, confirmó estos datos, mientras que Mondino señaló también que “65 empresas, cuyas plantas bordean el río, son responsables del 80 por ciento de la contaminación del Riachuelo, a partir de materiales que no son procesados”.
Además, la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado de Argentina, denunció la existencia de “más de 100 basurales, sobre unas 400 hectáreas” en la región, a los que se suman otros 40, clandestinos, detectados en julio último, siendo los lugares más afectados los más cercanos al polo petroquímico de Dock Sud, por lo que el “ombudsman” argentino ya exigió su traslado.
Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó la creación de una “autoridad de cuenca” para realizar un saneamiento en forma interjurisdiccional, mientras que según el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la situación de la cuenca “es un mamarracho jurídico, ya que hay 22 autoridades de aplicación, con más de 50 normas de diferentes jurisdicciones”.