El Poder Ejecutivo porteño reglamentó la ley 1075 promulgada en octubre de 2003 por medio de la cual se otorgó un subsidio mensual y vitalicio a los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur que hayan participado en efectivas acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante el período comprendido entre el 2 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982. Para los aspirantes a recibir el beneficio de la Ley N° 1.075 que inicien el trámite antes del 31 de marzo de 2004, en caso de otorgamiento, el subsidio será retroactivo al 1° de enero de 2004. Recordemos que para ser aspirante o beneficiario al mismo se debe haber integrado las Fuerzas Armadas y de Seguridad en calidad de soldados conscriptos, o bien ser personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y encontrarse en situación de retiro sin haberes o baja voluntaria; civiles que, cumpliendo funciones de servicio o de apoyo a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se encontraban en los lugares en los que se desarrollaron las acciones bélicas entre las fechas citadas. Deberán asimismo ser nativo de la Ciudad de Buenos Aires o haber tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha de la convocatoria; presentar certificado actualizado expedido por la Fuerza correspondiente y avalada por el Ministerio de Defensa de la Nación, determinando la condición de Ex Combatiente de la Guerra. (Texto completo al final)
Nuevas medidas
La Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) anunció para este martes 3 de febrero una nueva movilización que terminará en las escalinatas de Talcahuano 550, en reclamo del aumento de 200 pesos que aún no fueron aplicados a los empleados de la Corte Suprema ni a los dependientes de Ministerio Público. Mediante un comunicado, los Judiciales recordaron que obtuvieron “el aumento de 200 pesos para más de 16.000 empleados del Poder Judicial de la Nación y de 220 pesos para los de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”. En este sentido, remarcaron “no olvidar” que “los compañeros que dependen de la Corte aún no han cobrado el aumento y tampoco los que pertenecen al Ministerio Público, si bien el Juez Fernández falló a favor”, entendiendo esto como “un claro acto de discriminación”.
Los fondos del Ejército
La juez María Servini de Cubría y los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán deberán investigar una información periodística que da cuenta de la supuesta “destrucción” de la información sobre el uso de casi 400 millones de pesos de “fondos reservados” para el Ejército argentino entre 1998 y 2001. Así lo reclamó el abogado Ricardo Monner Sans, quien radicó esta mañana una denuncia en los tribunales federales de Retiro. Monner Sans aludió luego a una nota del diario Clarín, donde sei dice que el Ejército “destruyó comprobantes del destino de trescientos noventa y seis millones de pesos que, entiéndase, eran pesos-dólares”, afirma el denunciante, quien además reclamó que debe citarse “como testigos o imputados” para que declaren en la causa a los “distintos ministros de Defensa y a los diferentes comandantes en Jefe del Ejército durante el lapso en cuestión”: Dante Caridi, Francisco Gassino, Isidro Cáceres, Martin Bonet, Martín Balza y Ricardo Brinzoni.
Presentación
El gobierno bonaerense, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, se presentó ante la Justicia federal para que sea tenida como parte querellante con el fin de ampliar la denuncia oportunamente formulada en la causa que se investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex Tiro Federal de Campana, episodio ocurrido durante la última dictadura militar. En su presentación ante el juez federal de Campana, Dr. Federico Faggionatto Marquez, la SDH aportó pruebas informativas y documentales de investigaciones realizadas por expertos del organismo sobre episodios ocurridos durante esa época. Figuran entre estas pruebas, planos y testimonios de víctimas de la represión certificados por la Conadep, entre otros elementos que pueden contribuir al esclarecimiento de la causa. Varios de esos testimonios fueron realizados durante los Juicios por la Verdad en la Cámara Federal de La Plata. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó al magistrado que cite a brindar declaración testimonial a más de medio centenar de testigos, entre los que figuran familiares y sobrevivientes del centro de detención aludido, donde también se investiga la posible existencia de un cementerio clandestino. En tal sentido, Derotier precisó que "el objetivo central de la denuncia presentada por la SDH es que haya recononocimiento judicial de que en el ex Tiro Federal de Campana operó un centro de detención ilegal, y que era parte de un circuito de lugares de reclusión que funcionaba en la zona: Prefectura Naval, en la Fábrica Militar de Campana conocida como "El Tolueno", en el Arsenal de Zárate y en las comisarías de Zárate y Campana.