El grupo de abogados, entre los que se encuentran varios profesionales de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), pretende que el tribunal declare que el artículo 8º de la Ley nº 24.588 (conocida como “Ley Cafiero” y que fue aprobada por el Congreso de la Nación en Noviembre de 1995) es contrario a la Constitución Nacional.
Según ese artículo, la justicia nacional mantiene su competencia para resolver en la Ciudad de Buenos Aires cuestiones de derecho civil, comercial, laboral y penal.
En ese sentido, la ADC sostiene que esa disposición legal es contraria al artículo 129 de la Constitución Nacional, el cual fue incorporado a la Constitución en la reforma de 1994 que al respecto dispone: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad…”.
Según, la presentación la denominada “Ley Cafiero” al mantener a la Ciudad de Buenos Aires bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales para las cuestiones civiles, comerciales o penales que se produzcan en su territorio, usurpó el poder que el artículo 129 de la Constitución le otorgó para que sus propios tribunales resuelvan dichas cuestiones.