De esta manera, se neutralizó el proyectos de ley donde se buscaba que sea el propio Parlamento quien derogue esos decretos que beneficiaron, entre otros, al ex dictador Jorge Videla, al ex jefe de la Marina de Guerra Emilio Massera y al ex general Carlos Guillermo Suárez Mason.
La resolución proyectada consignaba que la misma “tiende a instrumentar del modo institucionalmente adecuado, sin alterar los principios básicos que dan sustento a nuestra organización social, lo que entendemos es necesario para que nuestra Nación Argentina pueda, a partir de una convivencia pacífica, recomenzar a vivir su futuro de dignidad a partir del tratamiento en total justicia de los hechos delictivos de un pasado doloroso”
En la víspera de la conmemoración del nuevo 28° aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el breve proyecto fue presentado y defendido en el recinto de deliberaciones de la Cámara de Diputados de la Nación por José María Díaz Bancalari, presidente de la mayoritaria bancada de diputados del Partido Justicialista, tras un debate de poco menos de tres horas.
La resolución aprobada expresa “Requerir a la presidencia de esta H. Cámara de Diputados de la Nación que arbitre los medios necesarios tendientes a impulsar las acciones judiciales correspondientes a fin de lograr que se declare judicialmente la nulidad de los decretos de indulto que beneficiaron a los responsables del terrorismo de estado.”
En los fundamentos del proyecto se expone que “resulta absolutamente claro que el Poder Legislativo carece de facultades para expedirse sobre la validez o no de una decisión del Poder Ejecutivo, cuya atribución es explícitamente propia de dicho órgano, conforme lo establece el art. 99 inc. 5 de la Constitución Nacional y ni tampoco para derogarla”.
En esta línea se remarcó que “el Poder Judicial en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales deberá reparar el uso indebido a nuestro juicio de la facultad constitucional de decretar indultos por parte del Poder Ejecutivo”.
Aclararon que si bien dichos decretos “desde el punto de vista formal fueron dictados en uso de una facultad constitucional, adolecen de vicios intrínsecos fundamentales en relación a su contenido, toda vez que la decisión de que los mismos se desprende es violatoria de las garantías mas elementales que preve nuestra Constitución y en especial, los tratados internacionales sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad.”
De esta manera, la bancada del PJ actuó en sintonía con lo reiteradamente expresado por el presidente Néstor Kirchner, sobre su opinión de que el poder judicial tenga la última palabra sobre las leyes y decretos que exculparon a militares y policías de los crímenes y otros delitos perpetrados durante la dictadura.