El gobierno porteño publicó hoy en el Boletín Oficial el convenio nº 08/2004 celebrado entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio del cual acuerdan que el destino del predio sito en Avenida Del Libertador 8151/8209/8305/8401/8461 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la fracción que de él se delimite, será el "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos". Para cumplir tal fin, el Estado Nacional se compromete a concretar los trámites que resulten necesarios para la restitución del predio que oportunamente la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires cediera al Gobierno Nacional, aceptando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal restitución. Por esto, ambos partes se comprometieron a desistir de cualquier acción judicial en trámite por la propiedad del citado predio a la vez que instruirán a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, para que arbitren los medios necesarios para concluir con los procesos que se sustancian por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5, Secretaría N° 9 de la Capital Federal caratulados "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Poder Ejecutivo Nacional s/ Medida Cautelar" y "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Poder Ejecutivo Nacional s/ Proceso de Conocimiento invocando que la cuestión ha devenido abstracta, con costas en el orden causado. En el mismo convenio se prevé la creación de una Comisión Bipartita que tendrá por finalidad supervisar las tareas de desocupación y traspaso del predio - deberá efectuarse antes del 31 de diciembre de 2004- y acordar los mecanismos aptos para delimitar físicamente el "Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa dando la más amplia y efectiva participación para el cumplimiento de su finalidad a los organismos de derechos humanos, representantes de los familiares e hijos de las víctimas y de las personas que hayan sufrido detención - desaparición en el predio en cuestión. (texto completo al final)
Consejo de la Magistratura porteño
En consonancia con lo dispuesto por la acordada nº 6/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por Acordada N° 1/04, el Consejo de la Magistratura porteño resolvió por medio de la resolución nº 199 –publicada hoy en el boletín oficial- declarar inhábil para los Juzgados y dependencias del Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de abril de 2004, La resolución obedece a que el próximo 22 de abril se celebrarán las elecciones para designar las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y las autoridades de los órganos de Gobierno y de Administración de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA), en el horario comprendido entras las 8 y las 18 horas.
Por otra parte, y mediante la resolución nº 200 el Consejo de la Magistratura aceptó los ofrecimientos de los varios Consejos Profesionales y Asociaciones, para realizar en sus respectivas sedes las inscripciones de peritos, en las condiciones bajo las cuales ha sido llamada la convocatoria aprobada por Resolución CM N° 731/03.
Finalmente mediante la resolución nº 186 también publicada en el Boletín Oficial del día de hoy se creó el Registro de Aspirantes para Personal Interino de los Juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estará a cargo del Secretario de la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, que se encontrará abierto durante el mes de febrero de cada año. Atento que febrero de 2004 ya ha concluído, se resolvió excepcionalmente declarar abierto por el término de treinta días desde la fecha de publicación de la presente resolución, el "Registro de Aspirantes para Personal Interino de los Juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Hasta tanto se encuentre conformada la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público, la evaluación de aptitudes de los aspirantes estará cargo de tribunales evaluadores creados a tal efecto, integrados por dos consejeros, representantes de los estamentos de la Legislatura y de los abogados, y un juez designado por sorteo entre los magistrados del fuero e instancia a que corresponda el cargo a cubrir. (Textos completos al final)
Gato por liebre
Dos sudafricanos fueron liberados tras permanecer detenidos durante quince días en la provincia de La Rioja, gracias a la intervención de dos abogados riojanos, que lograron convencer al juez Miguel Ángel Morales de la inocencia de sus defendidos. Se trata de los sudafricanos Kouassi Janvier, un especialista en informática de 24 años, y Taramoko Aime, un contador público de 25, detenidos en Córdoba cuando estaban de visita como parte de una gira turística por la Argentina. Todo comenzó cuando fueron llevados a una comisaría cordobesa por consumir en exceso bebidas alcohólicas en la vía pública. Pero tras sufrir una demora de rutina en la seccional, se los relacionó con una orden de detención de dos personas de piel negra, pelo rizado y pómulos marcados denunciadas por estafa y robo a comerciantes de La Rioja, y por ese motivo fueron trasladado y quedaron detenidos en una dependencia policial.
Caso Rodrigo
Así lo resolvió el tribunal de Casación Penal bonaerense al ratificar la absolución del empresario Alfredo Pesquera, en la causa en la que fue juzgado por la muerte del cantante Rodrigo Bueno, según precisaron fuentes judiciales. Los voceros precisaron que los camaristas ratificaron el fallo del tribunal de Quilmes, que había absuelto al empresario, y adelantaron que la fiscalía de Casación apelará la resolución a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Análisis
La Legislatura de Tucumán analiza el pedido de remoción del fiscal Héctor Mussi en el marco de la causa donde se investiga la entrega irregular de camionetas 4x4 en el Poder Judicial de esa provincia según informó La Gaceta. La posibilidad de que el fiscal sea destituido se debe a la investigación que comenzó el juez federal Felipe Terán a raíz de se detectaron la entrega irregular de vehículos. En ese sentido, voces de la legislatura adelantaron que posiblemente el fiscal, actualmente suspendido en sus funciones, sea removido a mediados de la próxima semana. A mediados de diciembre la Cámara Federal de Tucumán en autos “Juaréz Rene Osvaldo s/presunta falsificación de documento público, arts. 292 y 296 del CP arribados al tribunal del Juzgado Federal de Tucumán nº 2, dictó el procesamiento de varios de los imputados en la causa. Se tuvo por acreditado en la causa que Tarifa en su condición de prosecretario de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación a cargo de Héctor Musi firmó “la totalidad de constancias y certificados judiciales que se le exhibieran y sin que le constara la existencia o no de expedientes judiciales a los que pertenecerían tales ordenes. prestando una colaboración imprescindible para que Pedro Tómas pudiera concluir con su maniobra de lavado de activos de vehículos a favor de los que se extendía la autorización (para circular).
Investigación
La justicia de la provincia de Neuquén está investigando las consecuencias de tres decretos del Poder Ejecutivo local que permitieron sortear el mecanismo de licitación, para saber en qué se invirtió el millón y medio de pesos, ya que sospechan que contrataron a empresas que son “pantallas”. Ese monto fue el autorizado a gastar en la Jefatura en contrataciones directas para reparar unidades de detención, sin llamar a licitación pública, en tanto que la Justicia neuquina sigue los datos aportados por una denuncia que precisa que se habrían pagado sobreprecios y desviado materiales a obras particulares. Además, sospechan que se contrataron a empresas que son “pantallas”, y cuyos verdaderos propietarios por ahora se desconocen. Las contrataciones directas fueron autorizadas por los decretos 1561/03, 1838/03 y 221/04, siendo los dos primeros de septiembre del año pasado, firmados por el ex vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Jorge Sapag, el ministro de Desarrollo Social a cargo de Gobierno, Jorge Lara, y el ex ministro de Planificación a cargo de Hacienda, Alfredo Esteves. En ese momento, el gobernador Jorge Sobisch, el ex ministro de Gobierno, Oscar Gutiérrez -ahora legislador- y el ex de Hacienda, Alfredo Pujante -ahora diputado nacional suplente- estaban de licencia por la campaña política. Los tres decretos que autorizaron a gastar dinero sin licitación se ampararon a su vez en una norma similar dictada en junio de 2000, bajo el número 1245, que declaró “en estado de emergencia carcelaria la situación de infraestructura edilicia destinada al alojamiento de detenidos y persona privadas de la libertad”.