Concretamente, el representante del citado colegio profesional sostuvo que “fueron los bancos que contemplaron nuevos planes de pago y también influyó la activa participación de muchos martilleros que, aún perjudicando sus propios intereses, se esforzaron por lograr mediaciones entre acreedores y deudores”.
“En más de un caso los martilleros han visto recortadas o postergados los pagos de sus respectivas comisiones en pos de habilitar el normal desarrollo de una subasta”, enfatizó.
Mooney añadió que “lo importante es que desde todos los actores sociales que tienen que ver con los remates se ha tomado conciencia de su profunda implicancia social y, a partir de este criterio, se han logrado muchísimas situaciones en las cuales los acreedores han convenido con los deudores nuevas formas de pago para evitar, ante todo, que estos últimos perdieran su fábrica, su residencia o su hogar”.
“A esta altura podríamos decir que ha cesado en su integridad el cúmulo de situaciones de incidentes y complicaciones en la realización de distintos remates judiciales”, sentenció Mooney.
Propuestas
Respecto de su propuesta hacia los colegiados, quienes renovarán autoridades este miércoles, Mooney aseguró que "queremos proponerle a los jueces mayores medidas de seguridad en los actos públicos de subastas, con la identificación de los asistentes y que sólo puedan permanecer en esos actos quienes tengan la posibilidad de desarrollar un rol activo como es ofertar".
"Muchas veces ocurre que hay personas que uno no sabe para que concurren y surge de ellos las mayores complicaciones en el acto del remate", sostuvo.
Además dijo que otra de sus propuestas tiene que ver "con la posibilidad de que exista un criterio unificado en los juzgados, sobre todo civiles y laborales, respecto de la regulación de honorarios de los colegiados".