En torno a la declaración de Kohan, las fuentes consultadas descartaron la posibilidad que el juez Urso convierta su testimonial en indagatoria, debido a que tanto el magistrado como el fiscal federal Carlos Stornelli no tienen elementos para vincularlo en forma directa con la causa, en la que se encuentra procesado y bajo arresto domiciliario el ex presidente Carlos Menem, y varios funcionarios de su gobierno.
Sin embargo, Urso solicitó a mediados de julio informes a la Dirección Nacional de Migraciones respecto de los viajes al exterior de Kohan, entre 1989 y 1999.
Kohan fue mencionado por testigos y algunos de los imputados, pero los voceros reiteraron que no existen pruebas directas que lo vinculen con la venta de las armas.
El juez Urso resolvió llamar a declarar al ex funcionario ante un pedido del fiscal Stornelli, quien a su vez accedió a una solicitud del abogado querellante Ricardo Monner Sans, basada en el contenido del libro "El Peso de la verdad", cuyo autor es el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y que fue publicado en 1997.
De acuerdo con ese libro, el ex presidente Menem había comentado en el seno del gabinete, al tomar estado público la denuncia por irregularidades en la venta de armas, que "si existía la triangulación, era responsabilidad de las empresas privadas" que intervinieron en la operación, a lo que Kohan había acotado que "si esas armas no las vendíamos nosotros, las hubiera vendido otro".
"La triangulación -habría asegurado Kohan, según lo señaló Cavallo- es algo muy común en el mercado internacional de armamento y no deberíamos preocuparnos por ello".
En base a esas aseveraciones, Monner Sans pidió oportunamente escuchar a Kohan por "su estrechísima relación con el ex presidente y por ser un hombre muy vinculado a las circunstancias del poder administrativo anterior".
A su vez, el ex director de Fabricaciones Militares, coronel Edberto González de la Vega, amplió hoy su declaración indagatoria y entregó un escrito a Urso en el cual calificó de "mendaces" las declaraciones del ex interventor Luis Sarlenga.
González de la Vega negó haber formado parte de una asociación ilícita y aseguró "como oficial superior del Ejercito recibí e impartí órdenes con expreso conocimiento de mis superiores y según sus instrucciones".
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