La causa se inició a raíz del sumario labrado por Gendarmería Nacional, por la comprobación en jurisdicción de la aduana de Uspallata del derrame de la sustancia "estireno monómero" por parte de un camión cisterna, perteneciente a una firma dedicada al transporte de cargas peligrosas, que llevaba el producto desde la provincia de Santa Fe hacia la República de Chile.
Luego de una investigación preliminar la justicia local consideró que el hecho encuadraba en las previsiones de la ley 24.051. - sin perjuicio de la sanción de la nueva ley de medio ambiente ley 25.612-, declinando por ello la competencia en favor del fuero federal.
Por su parte el magistrado federal no aceptó la competencia atribuida al sostener que el artículo 60 de la ley 25.612, dispone expresamente la derogación de toda norma que se le oponga, así como el artículo 55 establece la competencia de la justicia ordinaria para conocer de las acciones que se deriven de su aplicación.
Argumentó también que "los hechos denunciados... no revisten entidad suficiente para ser investigados por la justicia de excepción" al no estar acreditado que el líquido derramado afectara a las personas o al ambiente más allá de los límites de la provincia de Mendoza.
Devueltas las actuaciones al juez de origen, y ante la divergencia de criterios, su titular dispuso la elevación del incidente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Procurador General de la Nación destacó primeramente que el "estireno monómero" constituye una sustancia peligrosa regulada por la ley nacional del transporte automotor de carga -ley 24.653 y su dec. Reglamentario- considerando por ello que no puede calificarse de residuo peligroso en los términos de la ley 24.051.
Para sostener tal postura argumentó que el producto vertido no fue "objeto de desecho o abandono" como resultado de la descomposición, utilización o transformación en un proceso industrial, energético o de servicios.
Sin embargo, y dada la característica interjurisdiccional del suceso - camión despachado desde Santa Fe con destino hacia Chile- el magistrado del Ministerio Público dictaminó a favor de otorgar la competencia al juzgado federal para que determine si se configuró un hecho ilícito o, en su defecto, si corresponde remitir los antecedentes a la Secretaría de Transporte de la Nación, autoridad administrativa de aplicación de la ley del transporte automotor de carga.
Con estos mismos argumentos el supremo tribunal nacional resolvió con los votos de Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano y Vázquez declarar la competencia en la causa del Juzgado Federal n° 1 con asiento en la ciudad de Mendoza.